Insoportable indignidad

El primer fracaso del plan de hipotecas del Gobierno lo hemos visto esta semana, en que Bildu le ha subido la suya a Sánchez a cuenta de la presencia de la Guardia Civil en Navarra. El Gobierno sigue blanqueando a una organización heredera de un terrorismo al que no condena, porque forma parte de la estrategia de un presidente que necesita todas las semanas 56 escaños ajenos a su partido para mantenerse en el Gobierno. El resultado es un nuevo desistimiento del Estado en una parte del territorio nacional por petición expresa de quien siempre quiso la desaparición de instituciones estatales de Navarra y del País Vasco y, en particular, la expulsión de la Guardia Civil. Pasos firmes hacia la anhelada desconexión, que profundizan en la estigmatización de ese cuerpo policial, una institución ejemplar que ha perdido muchas vidas bajo las balas y las bombas de ETA. Una nueva humillación a la nación, que se une a la continua utilización de los instrumentos del Estado como asuntos negociables para obtener apoyo parlamentario.

Los indultos ya consumados, la derogación de la sedición en marcha y el debate sobre la malversación, que, sólo contemplarla como objeto de una posible reforma, constituye un acto de degeneración democrática y de corrupción moral sin precedentes, introduciendo la tormenta perfecta de la desproporcionalidad en el Código Penal, tan maltratado en estos momentos por el Gobierno de Sánchez, empeñado en reformas de autor destinadas a resolver situaciones personales concretas como las de Griñán, Junqueras o Puigdemont.

Una medida que no desaparecerá del horizonte mientras Sánchez siga siendo presidente, porque ya sabemos que, siempre que el Gobierno niega algo, lo termina haciendo. Igual que negó, uniendo la prepotencia a la ignorancia, que la entrada en vigor de la llamada ley del «solo sí es sí» rebajaría las penas por los delitos contra la libertad sexual. Un fracaso ante el que la única respuesta ha consistido en despreciar a los jueces y pedir silencio a los medios. Todo por utilizar el Código Penal, un instrumento fundamental de la defensa de la libertad y la seguridad de nuestra sociedad, como una mera arma ideológica, ignorando algo tan básico como que, cuando una reforma legal conlleva la rebaja de penas, en cualquiera de sus modalidades, la revisión de condenas es obligada. Y es que los eslóganes, como las cesiones, no sirven para hacer buenas leyes. Pero el «suma y sigue» no se detiene con la excarcelación de abusadores sexuales, la derogación de la sedición o el debate abierto sobre si deben reducirse las penas por malversación.

Ahora asoma la patita la reforma penal para luchar contra el maltrato animal, sobre la que el Consejo General del Poder Judicial ha revelado la seria incongruencia que supondría que sea más dura la sanción contra quien le da una patada a un perro que contra quien se la da a una persona. Por utilitarismo sectario o por postureo propagandístico se está dañando toda la arquitectura penal y la primera línea de defensa de nuestros derechos. Las leyes y los cuerpos de seguridad que mejor nos protegen no pueden ser moneda de cambio para obtener apoyos ni simples herramientas de marketing político. Porque, además de dañar a la nación y provocar situaciones injustas, se lanza un mensaje erróneo sobre el paradigma de cumplimiento de las leyes, invitando al desistimiento social. Sin embargo, ese será el balance del sanchismo: un fiasco total en el ámbito de la libertad, causando daños múltiples y severos a los instrumentos que la defienden. En definitiva, un gobierno que desprecia a la buena gente y se abraza a lo peor.