El actual Tripartito de Sánchez, Otegi y Puigdemont

El espectáculo de la flotilla que navega de crucero marítimo por el Mediterráneo, alineada con Hamás y liderada por Ada Colau, se ha convertido en una lamentable operación al servicio del interés político del sanchismo, con el inaudito apoyo de un navío de la Armada para escoltarles. Su proximidad a la zona de exclusión establecida por Israel por la situación de guerra la expone a riesgos imprevisibles que confiemos no se materialicen en ninguna desgracia, pero en todo caso es inadmisible que se destine una unidad militar a esa finalidad. Violando la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que no prevé un supuesto como este, y mediante un «ordeno y mando» autocrático. Y que debería ocasionar las oportunas responsabilidades políticas y judiciales. Jugar en estos momentos con cuestiones como esta es una frivolidad ilegal e impropia de un gobierno mínimamente responsable. Todo para distraer la atención de la opinión pública respecto a la situación del sanchismo gubernamental, que por tercer año consecutivo incumple el artículo 134.3 de la Constitución, que literalmente establece: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado, al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Esa fecha se cumplió anteayer y, como decimos, se ha incumplido en 2023, 2024 y ahora en 2025, con absoluta impunidad por parte de Sánchez, que encima se atreve a decir que piensa llegar hasta 2027 y además presentarse para entonces a la reelección. El actual PSOE con sus socios y aliados sanchistas está protagonizando un auténtico escándalo político rompiendo normas, escritas y no escritas, que se consideraban de obligado cumplimiento en una democracia parlamentaria occidental. Como, por ejemplo, con la Ley de Presupuestos –considerada la más importante para un gobierno digno de tal nombre–, al tratarse de la que regula sus prioridades políticas y las cuantifica mediante las oportunas previsiones de gasto y su financiación. Y que, por lo mismo, un gobierno sin poderlos aprobar debe dimitir o convocar inmediatamente elecciones. El propio Sánchez ya sabemos que le dijo al presidente Rajoy que «si no los aprobaba, era un objeto inútil» –y hubiese sido la primera vez que hubiese sucedido–, ya que los aprobó finalmente, pactando con el PNV, que por detrás estaba al servicio de Sánchez, para que los gestionara él a continuación, tras la inmediata moción de censura. Y que ahora sabemos fue hábilmente gestionada por un tal Santos Cerdán. Nunca en las 15 legislaturas constitucionales se había producido algo ni siquiera aproximado a lo actual, y que Sánchez pretende normalizarlo apoyado en Otegi y Puigdemont. Tres referentes indiscutibles de un gobierno democrático y digno de tal denominación.