Ahora la universidad

Condicionada, con ese miedito que tienen los de la élite política a pedir disculpas abierta y sinceramente, no sea que se les vaya a atribuir debilidad, utilizando ese argumento de «si se malinterpretaron mis palabras», que es poner en el destino y no en el origen el error que se pretende corregir, pero por fin la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, se ha dignado a pedir disculpas por la frívola barbaridad de cuestionar la presunción de inocencia. Le ha costado dos días, un clamor en el mundo judicial, ningún apoyo de sus compañeros de gobierno o partido, y quién sabe si alguna sugerencia desde algún despacho relevante de Moncloa, pero lo ha hecho. Y hay que anotarlo por extraordinario e inesperado. Aunque sea de lado y con la boca pequeña del «si se me malinterpretó», es de ley reconocer cuando alguien tan destacado es capaz de reconocer un error o un exceso. Más aún en este Gobierno de licenciados superiores en casi todo, tan dados a no mostrar dudas y a explicar los bandazos como razonables cambios de opinión.

Descansará la señora Montero, aunque acaso no le sirva el quiebro para librarse del todo de la presión de medios y partidos, porque otra de las llamaradas lanzadas en pleno ardor mitinero el fin de semana, eso de que la universidad privada es «una amenaza para la clase trabajadora», se erige en cuestión política de largo alcance con el remache del Real Decreto de urgente tramitación que el Consejo de Ministros sacó ayer para endurecer las condiciones de apertura de una universidad privada o mantener las que existen en activo. Dice el Gobierno, la ministra Alegría, que lo es de Educación, pero no de Universidades, que no se trata de ir contra las privadas, sino de garantizar su solvencia, que los títulos que emitan tengan garantía de calidad. De chiringuitos hablaba el Gobierno, aunque ayer la portavoz se cuidó muy mucho de volver a ese término y más aún de hacer suyo lo de verlas como «amenaza» que soltó la lenguaraz Montero.

Lo más destacado de la nueva normativa es la exigencia de un informe de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, preceptivo y vinculante, que se sumaría al Informe de la Conferencia General de Política Universitaria que ahora mismo se requiere. Además, se va a reforzar la garantía de solvencia por parte de las universidades mediante un aval bancario que demuestre que los proyectos disponen de recursos para sustentarse. Según la portavoz Alegría, la cosa no va de públicas o privadas, sino de buenas o malas, pero si uno se molesta en comparar las cifras de unas y otras, no hay más remedio que dudar seriamente de tal argumento. El rendimiento académico es superior en las privadas (tasa de 90 frente a 83,5), como lo son también las tasas de idoneidad y eficiencia. Cabe sospechar que no estemos ante un deseo real de mejora de la calidad, sino ante una concesión a esa izquierda del Gobierno desconcertada y de bajón a cuenta del necesario rearme europeo. Hay, en todo caso, una certeza: el poco apego que a su formación reglada en lo privado tienen en ese Gobierno en el que un buen puñado de ministros como Marlaska, Hereu, Sainz, Albares y el propio jefe Pedro Sánchez se formaron o buscaron mejorar sus conocimientos en centros universitarios privados.