Arbitrariedad contra las pymes y el empleo

Este Gobierno se define en lo económico en muy buena medida por la voracidad fiscal insaciable. El dato de que acumule ya casi un centenar de subidas impositivas es incontestable. Que la recaudación de la Hacienda pública encadene récord tras récord no es fruto de la diligencia y la virtud de las políticas de Pedro Sánchez, sino de, entre otras cosas, esa obsesión extractiva de los ahorros, las rentas y el patrimonio de las empresas y los hogares, amén claro del efecto distorsionador de la inflación galopante y la mezquina decisión de no deflactarla en el impuesto correspondiente. El sanchismo se conduce por el principio de que es falso que el dinero esté mejor en los bolsillos de los ciudadanos. Al contrario, defiende que es el poder político quien mejor administra y redistribuye los recursos. Se refiere a la mentalidad intervencionista e iliberal de la izquierda responsable de retrocesos y empobrecimiento allí donde se ha aplicado. Las empresas lo saben y lo sufren, porque han sido tratadas como sospechosos habituales por la propaganda oficial tan maniquea y absurda. Tirar con pólvora del Rey es recurrente en esta administración para que paguen las compañías, y de paso sus empleados, los hitos de la España del cohete. En este contexto se enmarca las subidas ininterrumpidas del Salario Mínimo Interprofesional, con un incremento acumulado del 60% desde 2018. El último, hasta 1.184 euros, es el que ha desatado la polémica por no quedar exento de tributación por primera vez. El sanchismo lo ha planteado desde el primer instante en los términos demagógicos y simplistas que encajaban con la retórica de la izquierda sobre la justicia social. Por las bravas, sin diálogo social ni concertación alguna. Como si este manejo irreflexivo del SMI fuera inocuo. No lo es. Ya supone más del 70% del sueldo medio de las pequeñas y medianas empresas –más del 90% del tejido empresarial del país y el 66% del empleo no público–, el coste efectivo para el empresario es entre un 67% y un 75% superior al SMI y ha evitado la creación de 350.000 puestos de trabajo en las micropymes. Con el Salario Mínimo más gravoso de la UE sumado a la segunda mayor caída de la productividad resulta indiscutible que los números de las compañías, de esas que crean y mantienen los puestos de trabajo, no cuadran porque el Gobierno se ha empeñado en asfixiarlas poco a poco. La arbitrariedad, la soberbia y la imposición no ayudan a crear el marco de certidumbre y seguridad que la economía y el mercado laboral precario como el nuestro necesitan para ganar consistencia y crear prosperidad. Sánchez se ha propuesto en que sea así con el sabotaje de facto al diálogo social. Que el SMI ha destruido empleo es evidente. Tanto como que los grandes perjudicados son los trabajadores más vulnerables camino del paro o la economía sumergida.