La asesora multiusos de Begoña Gómez

He de reconocer que siento un cierto asombro ante la línea de defensa de la mujer del presidente del Gobierno. No sé qué decidirá la Justicia si finalmente tiene que comparecer ante un juicio con jurado, pero es difícil asumir que la asesora tenía que realizar todo tipo de tareas para ella. Durante cuatro años tuve el honor de ser el director del Gabinete de Mariano Rajoy en el Ministerio de Administraciones Públicas y luego en el macroministerio de Educación. En primer lugar, me dio total libertad para elegir a las asesoras y los asesores. Por supuesto, se lo consulté con él y estuvo de acuerdo. Las elecciones se hicieron en función de su formación académica y trayectoria profesional con estrictos criterios de mérito y capacidad. El objetivo era que desarrollaran unas funciones concretas de conformidad con las materias que tenía encomendadas el ministerio. Esta misma filosofía se puede aplicar a la presidencia del Gobierno. Ni hay ni tiene que haber un estatuto sobre la mujer o el marido de quien ostente este cargo. Es un auténtico disparate. En primer lugar, porque no tiene ninguna función ejecutiva que realizar, como sucede con las parejas de cualquier alto cargo.

Y, sobre todo, porque el sentido común, la transparencia y el buen gobierno implican que nunca se deberían utilizar los bienes públicos para intereses privados. Es así de sencillo. Establecer que las condiciones del puesto de trabajo de una asesora son de plena disposición nos conduce a un terreno donde cabría el nepotismo y la arbitrariedad. Este planteamiento daría pie a que se pudiera nombrar un asesor para gestionar el patrimonio personal de la familia presidencial. Nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, a muchas excentricidades con Sánchez en la utilización de los aviones, los helicópteros y las residencias oficiales, pero no me parece razonable que una asesora desarrolle las labores de asistencia de la mujer del presidente en sus actividades profesionales. Es muy difícil, por no decir imposible, que una empresa o una institución se niegue a prestar ayuda legal o económica a quien está casada con el presidente del Gobierno. Lo mismo sucede con los funcionarios que saben que desagradar al poder puede tener consecuencias en su vida profesional. Los asesores no están para servir a los altos cargos o sus familias en temas personales.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)