Por fin la educación

El debate de investidura, al margen de lo que ocurra a lo largo del día de hoy, pone de manifiesto una necesidad de forjar grandes acuerdos en materias esenciales para el interés general que, a la postre, es lo que debe importar a los responsables públicos que pretendan ejercer la política orientada al bien común. De todos, por razones profesionales me interesa el relativo a la justicia, pero hay uno que despierta mi atención como ciudadano, y es el de la educación. Precisamente, alguna intervención parlamentaria pone de manifiesto la necesidad de dar un profundo cambio a nuestro sistema educativo en alguna línea ya iniciada en la penúltima legislatura. España es un país en el que desde 1982 hasta la aprobación de la LOMCE se ha aplicado una educación sobre la base de leyes aprobadas por la izquierda política. Recordemos que la Ley de Calidad elaborada por la derecha política en 2003 no entró en vigor al ser derogada por el gobierno socialista de 2004. La calidad de nuestro sistema educativo ha sido evaluada por los diferentes Informes Pisa a lo largo de los últimos años, y no salimos muy bien parados, a pesar de los ingentes recursos que se invierten. No hablemos de la educación universitaria, en la que la primera universidad española que aparece en un ranking internacional de calidad lo hace después del puesto 200. Educar no sólo es asistir a unas clases durante una serie de años; educar es pretender la preparación del ser humano conforme a una concepción de futuro prevista en el presente, y de ahí la necesidad de reforzar tendencias que plantean serios desafíos a la educación, pero que también abren oportunidades para resolver muchos de sus problemas, y esencialmente considerar a la educación pública como política de Estado. Esta obligación la tiene el frente constitucionalista mayoritario en el Congreso –PP, PSOE y Ciudadanos–, pero surge la necesidad de ponerse de acuerdo en aspectos básicos, como apostar por una educación de calidad, que sea exigente y responsable, y sobre todo que fomente el aprendizaje, la formación, la entrega y la excelencia y no prime, como hace años, la mediocridad y la superación de mínimos, condenando a generaciones a un nivel cultural pésimo, y a una tendencia a no asumir responsabilidades, postrando a los futuros ciudadanos ante una sociedad distópica basada exclusivamente en el placer del ejercicio de derechos, aunque sea sólo formalmente. Tenemos recursos, tenemos un excelente y formado profesorado, y sólo faltan unas pocas medidas que determinen que todo este entramado sirva a los fines que establece el art. 27 de la CE: -«La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales»-. Tanto el derecho a la libertad de enseñanza, como el derecho a la educación están orientados a estas finalidades previstas pero también se debe tener claro que no existe un derecho a recibir enseñanzas contrarias a estas finalidades ni la libertad de impartirlas. El éxito de una sociedad depende de la educación que se le dispense a sus futuras generaciones.