Comisiones, ruido e investigación

No sé si por vestigios del patriarcado o por rescoldos imperialistas (romanos, claro) la mujer del César, su ser y su parecer, han irrumpido en los ritmos de la conversación pública. Aunque de acuerdo con la igualdad imprescindible en los tiempos contemporáneos sería más preciso referirse a la pareja del César, por aquello de que encaje mejor en todos los supuestos posibles, lo cierto es que el protagonismo de estos asuntos viene a alterar una larga tradición española, bien digna, de separación de los asuntos más íntimos de otros que atañen a lo de todos. La única excepción, evidente, que justifica su relevancia radica en la conexión con el ejercicio del cargo de alguno de los implicados y ahí es la Justicia, más que la opinión pública, quien debe llevar el peso de la actuación. Y es, precisamente, esta derivada judicial la que resume la complejidad de la convivencia entre política, Justicia y medios. Ni más ni menos que la piedra de toque de un Estado de derecho.

Y ahora que las comisiones de investigación en las Cortes se han convertido en el eje de la vida parlamentaria se reedita el debate sobre su pertinencia. Más allá del chascarrillo («si quieres que algo no se resuelva, monta una comisión»), la realidad es que su escaso prestigio se fundamenta en el cómo se han ejecutado y se ejecutan en España los controles parlamentarios: más de una treintena en democracia y escasos resultados. No se trata de cuestionar su sentido en el organigrama constitucional, por supuesto que la fiscalización del Poder Legislativo es pieza clave del engranaje, pero su finalidad esclarecedora ha resultado inexistente cuando no se ha demostrado, directamente, como foco de confusión.

La gravedad del «caso Koldo» y la relevancia de auditar las adjudicaciones de las distintas administraciones durante la pandemia exigen todos los exámenes que sean necesarios, pero el asunto del asesor de Ábalos ya se investiga en los tribunales (en Francia, por ejemplo, se prohíbe esa duplicidad para evitar interferencias entre los poderes del Estado) y el de las contrataciones de material sanitario no solo llega con cuatro años de retraso sino que además incumple el compromiso de recurrir a una comité de expertos independientes. Nos quedan por delante semanas de comparecencias e intervenciones llamativas, declaraciones cruzadas, teatralizaciones varias y nos dirigimos a la repetición de esa tradición española de comisiones ineficaces en unas Cortes cada vez más calderonianas.

Nota aclaratoria: Les confieso que me encantaría errar en el pronóstico y tener que escribir un artículo de rectificación.