Condonar deuda autonómica: alivio inmediato, riesgos a futuro

Imaginemos un grifo que gotea sin parar. La bañera se llena, a punto de rebosar, pero en lugar de cerrar el grifo nos empeñamos en solucionar el problema sacando agua con un cubo. La imagen es casi infantil, pero sirve para ilustrar lo que podría suceder con la deuda autonómica en España: si no se corrigen los problemas del sistema de financiación que genera el rebosamiento, la condonación corre el riesgo de ser un esfuerzo inútil a largo plazo.

El Gobierno ha planteado la condonación de más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, presentada como un alivio financiero de gran magnitud para las comunidades más endeudadas. La medida promete reducir pagos por intereses y liberar recursos para servicios básicos como sanidad o educación. Sin embargo, más allá de este efecto inmediato, podemos preguntarnos si una decisión de este tipo contribuye a resolver los problemas estructurales del sistema fiscal territorial o, por el contrario, si abre la puerta a incentivos perversos que pueden comprometer la disciplina fiscal futura.

Ciertamente, las comunidades autónomas han afrontado una presión financiera extraordinaria en el pasado reciente. La crisis de deuda soberana de principios de la pasada década llevó a la creación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), gracias al cual las comunidades se financiaron a tipos de interés menores que los del mercado. Esto supuso en la práctica una condonación parcial, reduciendo el coste de la financiación y evitando que algunas comunidades cayeran en un círculo vicioso de más deuda, más intereses y mayor riesgo de insolvencia. Según cálculos de BBVA Research, sin aquel mecanismo la deuda autonómica habría quedado alrededor de 2 puntos del PIB por encima del nivel de 2022.

La condonación permitirá a las comunidades ahorrar hasta 7.000 millones de euros en intereses, según el Ministerio de Hacienda, ampliando así su margen presupuestario. El Gobierno la justifica como una corrección parcial de la infrafinanciación histórica en territorios como la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y como la extensión al conjunto de autonomías de un compromiso inicialmente vinculado al acuerdo de investidura con ERC.

El debate no puede quedarse en el alivio coyuntural, es imprescindible mirar al futuro. La literatura de economía pública advierte desde hace décadas del riesgo que generan las expectativas de rescates. Wallace Oates, en su ensayo clásico sobre federalismo fiscal (1999), subraya que la descentralización solo funciona de manera eficiente si cada nivel de gobierno asume los costes de sus propias decisiones. Cuando los déficits regionales se perciben como absorbibles por el Estado central, se debilitan los incentivos a la disciplina y surge lo que la teoría denomina «riesgo moral».

Como ha sugerido Jon Wallis (2005), las reformas constitucionales adoptadas por muchos estados norteamericanos tras las quiebras de la década de 1840 fueron cruciales para frenar el endeudamiento excesivo y establecer un marco más sostenible para sus finanzas públicas. Con el paso del tiempo, esos mecanismos se complementaron con nuevas instituciones fiscales, como los rainy day funds, buscando al mismo tiempo la continuidad del gasto público y la disciplina fiscal. En España, el riesgo es que la condonación genere la expectativa de quitas futuras, enviando un mensaje implícito de «gasta ahora, que ya vendrá el Estado a rescatarte». Esta señal puede debilitar la disciplina fiscal autonómica y, a la larga, trasladar el coste al conjunto de los contribuyentes. Además, las diferencias en necesidades (como las derivadas de un mayor envejecimiento poblacional o de unos costes sanitarios más elevados) requieren ajustes específicos que una quita general no resuelve. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha subrayado que, aunque en promedio las comunidades podrían aproximarse al equilibrio presupuestario en los próximos años, la heterogeneidad es notable: algunas presentan déficits estructurales persistentes, mientras que otras registran superávits. Sin reformas de fondo, la condonación difícilmente garantizará la sostenibilidad fiscal en todas las comunidades por igual.

Como advierte Fedea, una condonación incondicional genera un problema de incentivos que debería solucionarse mediante un rediseño del sistema de financiación. Planteado de este modo, el auténtico desafío no es la deuda ya acumulada, que requiere solución ahora, sino la falta de un marco estable con incentivos adecuados, capaz de asegurar la corresponsabilidad fiscal, ingresos suficientes, transparencia en el reparto, límites efectivos al gasto y mecanismos de supervisión efectivos (quizá con un papel reforzado de la AIReF).

En definitiva, la cuestión no es si la condonación alivia tensiones financieras (lo hace), sino si constituye la solución adecuada a largo plazo (no lo es). La experiencia internacional nos enseña que el equilibrio entre autonomía y disciplina es frágil, y que un federalismo fiscal sostenible requiere responsabilidad fiscal.

La condonación de la deuda autonómica es un rescate frente a un problema urgente, pero también plantea dudas sobre los incentivos que genera. Puede ser un remedio necesario en el corto plazo, pero difícilmente será eficaz a largo plazo si no va acompañado de reglas claras que ayuden a gestionar mejor el «grifo» del endeudamiento.

Isabel Rodríguez Tejedoes profesora de Economía de la Universidad de Navarra