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Contra la evasión fiscal en la red

Tiempo de lectura 4 min.

24 de enero de 2018. 03:53h

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24/1/2018

Aunque todo es susceptible de mejora, es de justicia reconocer el esfuerzo llevado a cabo por los gobiernos de Mariano Rajoy en la lucha contra el fraude fiscal, que entre 2012 y 2016 –últimos datos disponibles– consiguió recuperar para las arcas del Estado algo más de 65.000 millones de euros, además de haber identificado deudas tributarias por valor de otros 45.000 millones de euros. Son buenos resultados que hay que atribuir al trabajo de la Inspección Fiscal, pero, también, al acierto de algunas medidas propuestas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, –como la declaración obligatoria de bienes en el extranjero y la discutida «amnistía» tributaria que permitió aflorar 40.000 millones de euros–,así como a la mayor cooperación internacional en materia de transparencia bancaria. Todo ello se ha llevado a cabo, además, en momentos de grave recesión económica, que se tradujo en una reducción de plantillas de la Administración de Estado que afectó en igual medida al cuerpo de inspectores y técnicos de Hacienda. Sin duda, es una entelequia plantear la erradicación en un futuro cercano del fraude fiscal, que tanto daño causa a la sostenibilidad del estado de bienestar, pero si bien es cierto que la mayor integración de la economía mundial, con la inevitable apertura de los mercados a la libre competencia, y el desarrollo de las tecnologías de la información han abierto nuevos espacios transfronterizos de opacidad fiscal, también lo es que las nuevas tecnologías y los acuerdos multilaterales dotan a los gobiernos de armas eficaces para luchar contra un tipo de empresas que se mueven al filo de la ilegalidad, en las zonas de sombra de la nueva economía electrónica, o que, directamente, actúan con patrones creados para defraudar. No se trata, por supuesto, de reclamar limitaciones a la libertad de mercado ni a la libre iniciativa empresarial, sino de impedir que las herramientas que proporciona internet y que han posibilitado tanto el desarrollo de la llamada «economía colaborativa» como la deslocalización territorial del comercio «on line», se utilicen para eludir las responsabilidades fiscales o, en su defecto, desnaturalizar las relaciones y condiciones laborales, con lo que se reducen peligrosamente las bases impositivas. En este sentido, el Plan de Control Tributario 2018, cuyas directrices generales hizo públicas ayer el Ministerio de Hacienda, prestará especial atención a los servicios y de distribución por vía electrónica, con sistemas de información adaptados al crecimiento de los pagos electrónicos y las transferencias instantáneas. Junto con la economía en las redes, la principal prioridad de la Agencia Tributaria para este ejercicio será la detección de rentas y bienes ocultos en el extranjero por parte de los grandes patrimonios, para lo que se dispone de un nuevo instrumento: el proyecto CRS de la OCDE, que suministrará inmediatamente la información de los pagos del IVA, así como los datos de cuentas financieras procedentes de múltiples fuentes internacionales. Es evidente que, pese a los avances en cooperación internacional, la lucha contra la evasión fiscal no tiene la dimensión debida en el seno de la Unión Europea, donde persisten prácticas nacionales que buscan atraer capitales y empresas a un determinado territorio, que provocan graves distorsiones en la competitividad y que, al mismo tiempo, favorecen la existencia de recovecos en los que se refugia el fraude. Si Europa pretende preservar los logros del estado de bienestar, debe actuar unida frente a quienes se aprovechan de los vientos de la globalización para acceder a al mercado sin afrontar las mismas responsabilidades sociales.

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