El PSOE más demagogo

El PSOE ha hecho suyas, como enmiendas a la ley de reforma hipotecaria que el Gobierno tramita en el Congreso, la dación en pago con efectos retroactivos, exigida por la Plataforma Antidesahucios de Ada Colau, y la expropiación forzosa del uso de la vivienda aprobada por la Junta de Andalucía. Sólo desde la situación actual de los socialistas, en caída libre electoral, con su liderazgo cuestionado, divididos internamente y con las encuestas de opinión ratificando la tendencia, se explica el giro populista ante una cuestión trascendental como es la regulación del mercado hipotecario y el acceso a la vivienda, que hay que considerar desde la máxima prudencia por sus repercusiones económicas y sociales. Claro está que, contando con la mayoría absoluta del Partido Popular, las huestes de Alfredo Pérez Rubalcaba pueden permitirse estos desahogos porque saben que no tienen más recorrido que el rédito electoralista que les puedan proporcionar. Se deja, pues, a los populares la tarea de sacar adelante una reforma necesaria, difícil y delicada, por cuanto debe armonizar intereses encontrados, con la intención de causar el mayor desgaste posible al adversario político. Pero ni el Gobierno es insensible al drama de los desahucios, por más que la máquina de la propaganda izquierdista trabaje afirmándolo, ni el PSOE puede presentarse ahora como adalid de unos ciudadanos afectados por el peor aspecto de la crisis, la imposibilidad de mantener su vivienda, a quienes el último Gobierno socialista dejó completamente desprotegidos frente a una dura e imperfecta legislación hipotecaria que no se atrevieron a tocar. Diga la propaganda lo que diga, extiéndanse los escraches o llévese el insulto a las tribunas del Congreso, lo cierto es que ha sido este Gobierno el único que ha tomado medidas urgentes para paliar la tragedia de los desahucios y el que se ha decidido a acometer la reforma de la Ley. Frente a la demagogia del decreto expropiador andaluz, cuya redacción genera, por sus subjetividades, incertidumbre e inseguridad, y se presta al fraude y a la arbitrariedad de las administraciones, la norma promulgada por el Gobierno, vigente en toda España y por la que se suspenden temporalmente los lanzamientos en viviendas habituales de personas especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión social, no sólo no afecta al derecho a la propiedad, con lo que ello conlleva para la seguridad jurídica, sino que regula escrupulosamente quiénes tienen derecho a acogerse a la medida, no está sujeta a copagos y no depende de las disponibilidades presupuestarias. Y, lo que es más significativo, tiene el objeto final de dar tiempo y facilidades a los propietarios con problemas para que no pierdan su vivienda. Éstos son lo hechos que el PSOE trata de desvirtuar. Lo demás es propaganda.