La izquierda utiliza la calle

Los diputados tienen la «potestad legislativa del Estado», es decir, dictar las leyes por las que se rige nuestra sociedad, además de aprobar los Presupuestos y controlar la acción de Gobierno. Las normas legislativas deben llevarse a cabo en beneficio del interés general y siguiendo, como es lógico, la libertad ideológica y principios éticos de los representantes. Como cualquier ciudadano, puede ejercer todos los derechos constitucionales y regirse en su actividad parlamentaria por el reglamento del Congreso de los Diputados, además de beneficiarse de alguna prerrogativa, como el aforamiento, para protegerle de campañas insidiosas y malintencionadas, si las hubiere. En un régimen parlamentario, la actividad política debería pasar por las dos cámaras de representantes, aunque todo indica que la izquierda en España, PSOE y Podemos de manera más significativa, han dado por abierto un nuevo ciclo de movilizaciones. El criterio es que la recuperación económica –que por fin aceptan como real– debe reflejarse en un mejor reparto y que para conseguirlo sólo hay la vía de la protesta en la calle. Lamentamos que los socialistas secunden estas iniciativas propagandistas y se desentiendan de la responsabilidad de mejorar o cambiar las cosas desde la acción política, que es lo que verdaderamente está en sus manos. Sin ir más lejos, el PSOE apoyó la subida del salario mínimo interprofesional hasta 736 euros, con la perspectiva de llegar a 850 en 2020 –incluso luchar por alcanzar los 1.000, según anunciaron–, algo que estaba al alcance del Gobierno, pero no una subida general de sueldos –sin duda necesaria, incluso para el sistema de pensiones–, cuando depende fundamentalmente de los empresarios. Echarse a la calle no ayudará en nada, sólo servirá para enrarecer una situación social en la que el populismo más demagógico campa a sus anchas con consignas y tuits que faltan a la verdad y a la madurez intelectual. El PSOE desaprovechó el debate sobre las pensiones de esta semana –no digamos ya Podemos– para, en primer lugar, tranquilizar a los pensionistas de que sus retribuciones no corren ningún riesgo y que éstas no deben perder poder adquisitivo, y no utilizar esta realidad como arma política. Decir que las pensiones deben ajustarse al IPC no es dar una solución a su sostenibilidad. Es, simplemente, una consigna que, con todo su derecho, pueden corear los manifestantes, pero que ahora mismo es inviable porque la revalorización de las pensiones no pueden depender sólo de la inflación. Tras la jornada de manifestaciones de ayer, sólo quedaron algunos mensajes claros, pero igualmente falsos: el Gobierno es el culpable de la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Respetamos a los miles de manifestantes, a aquellos que han cotizado durante años de trabajo, pero el actual Gobierno ha preservado la continuidad del sistema de pensiones –ni las congeló– y su futuro. Lo que sí es exigible al PSOE es que deje la calle y asuma su responsabilidad en el Pacto de Toledo. La estrategia socialista tiene el riesgo de quedar atrapada en la demagogia de Pablo Iglesias, que ha dado muestra de su obscenidad política al presentar la muerte accidental de un mantero en Lavapiés como una «víctima del capitalismo». La mayoría parlamentaria es la que es –con un Ejecutivo sin mayoría absoluta y el apoyo, algo debilitado, de Cs–, y será ésta la que permita aprobar los Presupuestos Generales del Estado o no, si consigue finalmente el apoyo del PNV, pero nunca esta realidad aritmética puede ser alterada con movilizaciones y manipulaciones inaceptables. En la izquierda tradicional anida todavía la cultura de la protesta, que responde más una necesidad de aparentar «ser de izquierdas» ante lo que sólo es una gran desorientación política.