Las contradicciones en las que el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, ha incurrido desde el pasado lunes hasta ayer, cuando renunció a sus funciones, han dejado claro que, en política, como en otras actividades de la vida pública, la verdad es el único camino. Lo único que realmente cuenta es la verdad y, como dice el proverbio, con una mentira se puede ir lejos, pero no volver. El día 11, el nombre de Soria apareció en los «papeles de Panamá», junto al de su hermano, como administrador de una sociedad en Bahamas, creada a través del despacho Mossack Fonseca, pero negó «rotundamente» su participación en cualquier paraíso fiscal, aunque acabó admitiendo que existía una «relación comercial» con una empresa familiar. Incluso anunció que sus abogados iban a emprender acciones legales. Esa misma tarde se hacía pública una nueva prueba que desmontaba la versión de Soria al aparecer en un documento de la sociedad británica UK Lines Limited (la matriz de la filial de Bahamas en la que el ministro fue administrador durante dos meses), en el que se le nombra secretario de la compañía tras la muerte de su padre. Al día siguiente, vieron la luz los documentos del registro mercantil británico en los que se demostraba su vínculo y el de su familia con UK Lines, lo que le obligó a comparecer públicamente y a admitir que se «acababa de enterar» de dicha relación. El pasado jueves aparecía un documento de disolución con su firma de una empresa en Jersey, con el agravante de que en 2002 era ya alcalde de Las Palmas. Lo más grave para un responsable público y para un ministro de un Gobierno de España es mentir. No le bastó con insistir en la falsedad de un testimonio, sino que engañó al presidente del Gobierno, que había confiado en su versión. Por lo tanto, no tenía más salida que renunciar a sus competencias, dado que no puede dimitir o ser cesado porque el Gobierno está en funciones. Dejar todas sus responsabilidades públicas y políticas no es un gesto que le honra –aunque se le agradece–, porque, ante todo, se trata de una obligación después de haber perjudicado al Gobierno del que ha formado parte y al Partido Popular y tras haber defraudado a sus votantes. En un comunicado hecho público, Soria anunció su renuncia «a la luz de la sucesión de los errores cometidos a lo largo de los últimos días». Es evidente que no transmitió correctamente la verdad de los hechos y que resultaba imposible hacerlo porque suponía reconocer que no actuó correctamente. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo expresó con total claridad: «No se puede estar en el Gobierno y haber operado en paraísos fiscales». La gestión de Soria, como la de cualquier responsable público, tiene luces y sombras, pero si hay algo que en política se valora especialmente es la cercanía a los problemas reales de la gente, como tantas veces se le recordó a quien tuvo la misión de gestionar la crisis de la minería y acabó siendo un agente nefasto que perjudicó la labor más sensible y social de los populares en Castilla y León. No basta con buscar el apoyo y el aplauso de los más influyentes cuando se es ministro de Industria, Energía y Turismo, sino saber que detrás de cada decisión hay personas que se beneficiarán o saldrán perjudicadas. Hay que destacar que Mariano Rajoy ha actuado ejemplarmente en este caso: pidió a José Manuel Soria que ofreciera unas explicaciones convincentes sobre sus negocios y esperó a tomar una decisión, hasta que se encontró con un cúmulo de contradicciones que podían perjudicar a todo el Gobierno y al futuro de los populares.