Una mancha en el Estado de Derecho

Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, sentenció ayer que «el mayor agente violento de la historia reciente son los más de 800 asesinatos de ETA y los más de 300 interrogantes». Se refería a los 315 atentados mortales de la banda terrorista aún sin resolver, y que acumulan olvido en algún rincón de la memoria del edificio judicial, entre prescripciones, fallos parciales contra colaboradores o diligencias narcotizadas por el tiempo. Sea cual fuere la razón última de los cadáveres que aguardan justicia, esos 315 asesinatos son un baldón para cualquier Estado de Derecho que se precie de serlo, y España lo es. Hay que rebelarse contra la pretensión aberrante de aproximarnos a esta tragedia como una estadística, como una página cerrada de nuestra historia. Hemos sostenido siempre que la democracia tiene una deuda impagable con las víctimas. Tiene que ser, por tanto, un deber de las autoridades trabajar hasta que el último culpable pague por el último de los crímenes. El Estado de Derecho no puede resignarse a la impunidad del mal. Las víctimas, pero también la sociedad, se han ganado el derecho a conocer toda la verdad y a que los terroristas sean derrotados en la pretensión de imponer su relato y de blanquear su historial asesino.