Ramón Pérez de Ayala (1880-1962), escritor, diplomático, elegido miembro de la Real Academia Española, pero que no llegó a leer su discurso de ingreso porque siempre tenía otros asuntos más urgentes, decía que «cuando la estafa es enorme ya tiene un nombre decente». El más reciente se denomina «quita de la deuda autonómica». Hoy, martes, el Consejo de Ministros, si nadie lo remedia, aprobará el proyecto de perdón de 83.000 millones de deuda a las Comunidades Autónomas (CCAA). Todo, sin embargo, es un timo, una estafa inmensa y una mentira muy bien adobada que demasiados están dispuestos a tragarse. Daniel Innerarity escribía el lunes en El País que «no hay manera de desmentir a quien quiere ser agradado al precio que sea». La esencia del timo es que el timado piensa que está ante una oportunidad dorada y la codicia le nubla ante un engaño obvio. El Gobierno de Sánchez, con María Jesús Montero de jefa de Hacienda, pretende condonar las deudas de las Comunidades Autónomas con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). Es una de tantas exigencias de los indepes catalanes que, en teoría, también beneficiaría, sobre todo, a comunidades como la valenciana o la andaluza, gobernadas por el PP. Todo, sin embargo, es un enorme trampantojo. La realidad es que la deuda se perdona a los Gobiernos –es decir, a los dirigentes– autonómicos, porque los ciudadanos –también los catalanes, aunque no lo quieran escuchar– no dejarán de pagarla. Quizá catalanes, valencianos y andaluces tengan que rascarse un poco menos el bolsillo que los demás, pero tendrán que apoquinar. No es ningún misterio y es tan simple que incluso repugna a la inteligencia. La deuda que se perdonará a las CCAA la asumirá el Estado y, por lo tanto, la carga y su coste se repartirá entre todos los españoles sin excepción, catalanes incluidos. Todavía peor, los dirigentes autonómicos podrán volver a endeudar a sus comunidades, lo que supondrá otra nueva carga para sus ciudadanos. La coartada es ofrecer más servicios y ayudas, que es lo que siempre alegan los políticos adictos al gasto y a la deuda. Por otra parte, es una trampa del Gobierno al PP, con presidentes autonómicos ante la disyuntiva de aceptar o rechazar esa quita –que no es quita– de deuda. Si la desprecian, serán acusados de insolidarios con sus ciudadanos y, si la toman, serán tildados de disidentes con la dirección. Política al fin y al cabo. Lo cierto es que, con o sin quita, la deuda no desaparece y la pagaremos todos, «una estafa enorme ya con un nombre decente», decía Pérez de Ayala.