El verano de 2025 se ha convertido en uno de los más extremos registrados en la historia climática de España. No solo por las temperaturas récord que han afectado a vastas regiones, sino también por el grave deterioro de la calidad del aire, con consecuencias directas y significativas para la salud pública. Este fenómeno no es fortuito ni aislado, sino el resultado de una compleja interacción entre factores climáticos, sociales y ambientales que evidencian la vulnerabilidad de nuestros sistemas ante un clima cada vez más errático.

Un verano sin precedentes: calor, muertes e incendios

Junio de 2025 fue el mes más caluroso registrado desde que existen datos oficiales, con una temperatura media de 23,7°C, 3,6°C por encima del promedio entre 1991 y 2020 (AEMET). En localidades como Jerez o El Granado (Huelva) se alcanzaron máximas de hasta 45,8°C, valores típicos de mediados de julio o agosto, pero adelantados a principios del verano. El impacto sobre la salud fue inmediato: en junio se atribuyeron al calor 407 muertes, cifra que se elevó a 2.635 durante todo el verano, representando un aumento del 40% respecto a 2024 (Instituto de Salud Carlos III).

A este escenario se sumó una primavera excepcionalmente húmeda, la quinta más lluviosa desde 1961 que favoreció un crecimiento inusual de biomasa vegetal. Semanas después, esa abundante vegetación se convirtió en combustible seco debido a la sequía persistente y las olas de calor prolongadas. En solo dos semanas de agosto, ardieron más de 340.000 hectáreas, elevando el total a 391.581 hectáreas, la mayor superficie quemada del siglo XXI, superando el récord de 2022. Galicia, Zamora y León concentran los incendios más extensos, con frentes de hasta 100 kilómetros, prácticamente incontrolables desde tierra.

El humo: una amenaza sanitaria invisible y persistente

Más allá del fuego, el humo es quizá el riesgo más duradero para la salud pública. Las plumas generadas por la combustión de biomasa contienen partículas finas (PM2.5), partículas inhalables (PM10) y partículas ultrafinas (PM0.1), además de gases tóxicos como monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles nocivos. Estas emisiones pueden desplazarse cientos de kilómetros, mantenerse en la atmósfera durante días y deteriorar la calidad del aire en zonas alejadas del incendio.

Durante este verano, estaciones del sistema Copernicus han detectado concentraciones de PM2.5 superiores a 80µg/m³ en varias regiones de España, más de cuatro veces el límite diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (15µg/m³). Este humo ha alcanzado zonas urbanas como Madrid, Valladolid o Salamanca, extendiéndose incluso hacia Portugal, Francia y el Reino Unido.

En mi investigación sobre los incendios en la Península Ibérica de 2017 y 2022 (Quishpe-Vásquez, 2024), evidencié que incendios incluso de menor magnitud pueden generar plumas contaminantes que elevan los niveles de PM2.5 durante varios días consecutivos en el noroeste peninsular. Utilizando modelos atmosféricos, análisis satelitales y datos de estaciones de calidad del aire, detectamos episodios recurrentes en Ourense, Vigo, Pontevedra, Lugo y Santiago de Compostela. Estas plumas pueden recorrer más de 300 km, mostrando correlaciones altas (r > 0,8) entre incendios activos y picos de contaminación.

A diferencia de fuentes crónicas de contaminación como el tráfico o la industria, el humo de incendios es súbito, masivo y altamente tóxico. Además, su naturaleza muchas veces invisible dificulta su percepción social y retrasa respuestas públicas efectivas. Estos hallazgos refuerzan la necesidad urgente de incluir el monitoreo y gestión del humo como prioridad en las políticas ambientales de salud pública.

Respuesta sanitaria ante los incendios

Desde mi experiencia investigadora, la respuesta institucional frente a los incendios forestales sigue centrada principalmente en la extinción de las llamas y la recuperación del territorio, sin una estrategia integral que aborde la mitigación de los impactos sanitarios derivados del humo. Sin embargo, la literatura científica confirma que los incendios son recurrentes en ecosistemas mediterráneos y atlánticos, cuya frecuencia e intensidad aumenta debido al cambio climático, el abandono rural y la acumulación de biomasa (Pausas & Keeley, 2019; Chuvieco et al., 2020).

En este escenario, es indispensable mejorar la capacidad para medir, monitorear y analizar la exposición al humo, con especial foco en áreas urbanas densamente pobladas y poblaciones vulnerables. En España, las enfermedades respiratorias y cardiovasculares aumentan cada año (INE, 2023), evidenciando la urgencia de estrategias preventivas contra la contaminación atmosférica aguda.

Para ello, se requiere implementar sistemas de alerta temprana basados en datos en tiempo real de PM2.5 y PM10, con umbrales de acción ajustados al perfil sanitario de la población. También es clave ampliar y densificar la red de monitoreo ambiental en áreas rurales y urbanas actualmente desatendidas, y evaluar el impacto diferenciado según condiciones de salud preexistentes para orientar medidas sanitarias precisas.

Además, la vulnerabilidad no se distribuye de forma homogénea: aunque la exposición directa depende de la proximidad al incendio y su intensidad, las personas con menor renta suelen ser más vulnerables por factores sociales y sanitarios asociados, como mayor prevalencia de enfermedades crónicas y menor acceso a recursos para protección o atención médica (OMS, 2018). Por tanto, las políticas deben incorporar un enfoque de equidad para proteger eficazmente a los grupos más afectados.

Gestionar la calidad del aire es clave para proteger vidas

El fuego ya no es solo un problema forestal. Su impacto afecta la salud humana, la justicia social y el clima global. Lo que arde en los montes termina en nuestros pulmones, hogares, escuelas y hospitales. En este nuevo escenario, marcado por olas de calor, sequías prolongadas y grandes acumulaciones de combustible, respirar aire limpio es cada vez más difícil.

La gestión del riesgo debe ir más allá de apagar incendios. Comprender, medir y anticipar los efectos del humo debe ser parte integral de cualquier estrategia ambiental y sanitaria. En un país donde los incendios forestales se han convertido en la norma más que en la excepción, nuestra capacidad para actuar y prevenir definirá la salud y bienestar futuros.

César Quishpe-Vásquezes Doctor Investigador del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente BIOMA de la Universidad de Navarra