Financiación autonómica injusta, insolidaria y confusa

Churchill (1874-1965) dijo en 1929, cuando se sabía poco de Rusia después de que el comunismo se afianzara, que el país era «un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma». La sentencia del hombre que paró a Hitler (1889-1945) podría aplicarse, sin cambiar ni una coma, al sistema español de financiación autonómica. No obstante, habría que añadir que también es «injusta, insolidaria y confusa». Ahora, las cuentas autonómicas, sobre todo algunas, tras el 23-J, se han convertido en la parte mollar de las negociaciones para que Pedro Sánchez renueve su alquiler en La Moncloa. Hay más, porque no solo de dinero autonómico viven los «indepes» y nacionalistas que tienen que apoyarlo, pero sobre todo de dinero, desde la ERC de Junqueras y Aragonés, al PNV del «sociacristianismo progresista que para a la derecha» –Ortuzar dixit– al hombre de Waterloo y los suyos, que tampoco viven del aire. Y una vez abierta la caja, a la fiesta del reparto y del perdón de deudas pretenden apuntarse todos, ya sean del PSOE, del PP o canarios. «Un lío descomunal», que diría Rajoy.

Las Comunidades Autónomas y la descentralización fueron uno de los grandes logros de la Transición, pero dejó pendiente cómo y quién pagaba todo y quién se responsabilizaba. Durante demasiados años, porque es un asunto complejo y delicado por los equilibrios políticos, se puso parche tras parche. El resultado es que las CC.AA. gastan, pero quieren saber poco de recaudar –es impopular– y una vez tras otra llaman a las puertas de papá Estado, al que a menudo critican, pero aceptan su dinero, también prestado, aunque ahora quieren que se les perdone. En 2021 –último ejercicio con datos desglosados– las CC.AA. gastaron 224.000 millones de euros. De ellos, destinaron 154.000 a sanidad, educación, seguridad y protección social, incluido el personal –funcionarios y contratados– adscritos a esos servicios. Quedan 70.000 millones, que se dedicaron a otros asuntos, los que algunos llaman –con alguna exageración– gasto político, que quizá podría ajustarse. El sistema, por otra parte es injusto porque hay, sobre todo, tres CC.AA. perjudicadas, Madrid, Cataluña y Valencia. Es insolidario y lo sería más si se atienden las demandas catalanas de recibir lo mismo que se aporta. Adiós a la solidaridad. Si se generalizara, todos los españoles podrían pedir que se les devolviera –por distintos procedimientos– todo lo pagado. Adiós a la redistribución. Por último, es confuso y opaco, incluso «un acertijo, un misterio y un enigma» como diría Churchill.