Se cumplen dos años de uno de los proyectos estrella del sanchismo, la Ley de Vivienda. Buena parte del discurso económico y social del Gobierno se ha centrado en el que se ha convertido en una de las principales inquietudes de los españoles. Por supuesto, el relato elaborado por Moncloa es una historia de éxito allí donde se ha aplicado y de reproche y censura a las comunidades que la han esquivado. El balance se resume en que ni los alquileres son más baratos, han subido un 26%, ni hay más oferta, con 120.000 casas menos que serán 150.000 a finales de año. Ni la ideología ni el dogmatismo están al servicio de una política de vivienda que piense en el bien común. Con intervencionismo y sin libertad, la oferta colapsa; es una ecuación sencilla, de la que hay documentada evidencia empírica. La izquierda prefiere criminalizar a los propietarios que ayudar a la gente.