Ideologizar la Justicia

En el fondo de la crítica a la sentencia del TSJ catalán sobre el «caso Alves» subyace una corriente de pensamiento woke que pretende que la Justicia, no sea Justicia sino que funcione como los tribunales populares en las dictaduras nazi-soviéticas; o sea, hay que condenar por ideología, el procedimiento penal ha de estar sometido a esa ideología y, por supuesto, la sentencia debe ser ideológica, al margen de las garantías que han de darse en un fallo condenatorio. De manera que, cada vez que denuncia una mujer, se debe encarcelar y condenar al macho por el hecho de ser hombre, sin necesidad de elementos probatorios que sí debe aportar el sujeto masculino cuando acusa al femenino.

Partiendo de que la discriminación por razón de sexo ya la admitió inexplicablemente el Tribunal Constitucional, vulnerando la igualdad ante la ley que la Carta Magna consagra, sería consecuente con esa línea que nuestra Justicia se olvidara de sus preceptos fundamentales para abrazar la teoría ideológica de que las mujeres no mienten y el hombre es culpable por la mera razón de serlo. Planteamiento que abona la insensata ley del «sí es sí» de Irene Montero, que está llevando a no pocos machos a declararse hembras, gracias a la ley trans de la misma factoría podemita. Si no fuera porque estamos ante una realidad palpable, pensaríamos que se trata de una pesadilla orweliana. Pero no, la vicepresidenta ha dicho que «es una vergüenza que la presunción de inocencia se ponga por delante del testimonio de una mujer».

Hasta ahora siempre pensábamos que cualquier persona es inocente mientras no se demuestra lo contrario. Pero según la señora Montero, y por supuesto también la otra Montero, no cabe presunción de inocencia en el hombre. Cada vez que una mujer denuncia, hay que encarcelar al denunciado y condenarle tras un juicio en el que no hacen falta pruebas, ni harían falta abogados ni jueces, pues la palabra de la acusadora es suficiente. En realidad, no sería necesario juicio de ningún tipo, dado que el sujeto masculino es de antemano culpable, aunque no esté acreditado.

Un planteamiento ridículo, si no fuera por la gravedad que supone que sea la vicepresidenta del Gobierno quien lo sostiene. Lo cual nos lleva a sospechar que, amén del cariz ideológico, hay también una deriva hacia la criminalización de los tribunales, que sólo deben dictar las sentencias que el Ejecutivo y sus aliados quieren. De lo contrario será una «justicia fake», movida por el lawfare y la animosidad antiprogresista. Lo que, además, en el caso Alves no se cumple, pues el tribunal sentenciador estaba formado por un hombre y tres mujeres, dos de ellas de la muy progre asociación Jueces para la Democracia. El problema es que han ejercido como jueces, llegando por unanimidad a la conclusión de que la denunciante no parece decir la verdad cuando asegura que se sintió mal cuando bailaba con el futbolista, pues las cámaras de la discoteca acreditan lo contrario. Si no dijo la verdad antes, no hay razón para creer que decía la verdad sobre lo que aconteció después. Al no haber pruebas contundentes, prevalece la presunción de inocencia. Se llama «in dubio pro reo»: en caso de duda, se beneficia al acusado. De toda la vida.