Es muy difícil que alguien con un mínimo de objetividad pueda creer que la situación política que crea actualmente la presencia de Sánchez en La Moncloa y su cerrazón a asumir lo que una democracia exigiría como respuesta pueda prolongarse tal y como él, y con reiteración, afirma: «Pretender permanecer dos años más hasta 2027, para convocar elecciones». Basta hacer un somero repaso a algunas de las noticias de estos últimos días para acreditarlo. En relación con el Poder Judicial, auténtico bastión independiente necesario para ser garantía de una verdadera democracia parlamentaria, la relación del Gobierno con él es de una confrontación desconocida en España desde la aprobación de la Constitución hace ya 47 años. El espectáculo previo a la apertura oficial del Año Judicial en el día de hoy es revelador y elocuente de la situación. Pretender mantener al frente de la fiscalía, –institución judicial jerarquizada y encargada de promover y velar por el respeto a la ley–, a una persona que debe sentarse en el banquillo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como acusado de cometer un delito de revelación de secretos para perjudicar a una adversaria política del Gobierno, es la causa principal, que no la única, de esta crispación. No es la única, por cuanto los ataques a los jueces por parte del sanchismo son una catarata desde que Sánchez, en su entrevista televisiva «a la carta», dio la orden de salida para ello. Hasta de «pirómanos judiciales» los han calificado sus sumisos entusiastas sanchistas, desde Yolanda Díaz hasta Mónica García, con el triministro de Justicia haciéndoles la ola. Otra increíble situación son los Presupuestos, con la insólita situación de un Gobierno sin aprobar ninguno en los dos ejercicios precedentes de esta legislatura, y afirmando Sánchez la voluntad de seguir aunque estos terceros tampoco fueran aprobados. Jamás se había vivido una situación así, al considerar que la ley de Presupuestos es la más importante del año por contener en cifras las prioridades del proyecto político del Gobierno. Se puede añadir del poder ejecutivo el ejemplo que está dando el Ministerio de Transportes y Movilidad con unos trenes causando incidencias y retrasos constantes, alegando su titular, Óscar Puente, tan prolífico en sus comentarios en las redes, que son «muy antiguos», cual si acabaran de llegar al gobierno ahora, cuando van camino de 8 años, tiempo más que suficiente para programar las inversiones necesarias para mantener la calidad de un servicio público que estaba ampliamente reconocido por la sociedad española. Y que ahora, lamentablemente, se parece más al ferroviario del siglo pasado que al de alta velocidad que hemos conocido. Es el eficaz «progresismo» sanchista.