Jueces: más control político

Continúo el repaso del proyecto de ley para el «fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal», que se tramita en el Congreso de los Diputados. En anteriores artículos he recordado las prisas por aprobar leyes que debiliten al Poder Judicial como poder del Estado; también que lo presentado como novedades no son tales y queda en abundar en medidas poco exitosas o lo que supondrá hacer jueces de carrera a un millar de sustitutos.

Ahora quiero ocuparme de dos novedades que, en puridad, reinciden en los atávicos prejuicios de socialistas y aliados hacia la Justicia, a la que no conciben sin control político. Esta tendencia, como es sabido, tuvo su máxima expresión con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que, desmarcándose del pacto constitucional, entregó el gobierno judicial a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) enteramente elegido por los partidos políticos. Y en esa tendencia abunda el proyecto de ley.

Es el caso de la Comisión de Ética Judicial, órgano que no forma parte del organigrama del CGPJ, aunque le dote de medios; es un órgano que no gobierna pero tiene especial relevancia. Independiente y enteramente elegido por los jueces, les asesora sobre la interpretación de los Principios de Ética Judicial que aprobó el CGPJ en 1986. En ellos se recogen valores y reglas de conducta que deben inspirar la actuación de los jueces en cuanto a independencia, imparcialidad e integridad, más otros como cortesía, diligencia y transparencia.

De esa Comisión salen criterios sobre lo que debe o no debe ser y hacer un juez y con la reforma en ciernes se inyectarán dosis de ideología y de politización. Esto es así porque lo proyectado es que, aparte de jueces, se integren catedráticos de ética y filosofía de Derecho designados por los partidos políticos. Todo se encubre bajo el manto de integrar a especialistas y expertos que enriquezcan, desde una «perspectiva diferente», la pluralidad de planteamientos sobre esos aspectos. Parte del prejuicio de que no hay pluralidad en la Judicatura, vista como un reducto conservador.

Con esa inyección partidista nos alejaremos aún más de lo que exige la Unión Europea como estándar de calidad democrática y de garantía de la independencia judicial. Si para el CGPJ exige que sus miembros judiciales sean elegidos directa y exclusivamente por los jueces, esa politización se llevará ya más allá del gobierno judicial para recalar en un órgano que permita al poder político influir en cómo debe ser, comportarse y pensar un juez.

Y comentario aparte merece la reforma del sistema de elección de las salas de gobierno. Para los no informados les diré que hay dos líneas de gobierno judicial. Por una parte, gobierna el CGPJ, que es un órgano de gobierno externo porque no es Poder Judicial; y por otra, gobiernan las salas de gobierno de los propios tribunales, órganos internos, formadas por los jueces. Este matiz quizá no sea fácil de entender para quienes no estén familiarizados con la Justicia, pero basta con que retengan que la mitad de los miembros de esas salas de gobierno son enteramente elegidos en votación igual, libre y secreta por los propios jueces.

El poder político no quiere arrebatarnos ese reducto de democracia, sí hacerse presente indirectamente y es que la gran mayoría de los jueces no vota a Jueces y Juezas para la Democracia –«para la Pedrocracia», ironizan algunos–, única asociación que defiende el proyecto de ley y que en estas elecciones no salen bien parada. Con la reforma esta asociación, minoritaria, obtendrá una sobrerrepresentación; o dicho en otros términos: se reforma el sistema electoral para hacerlo a su medida, para que tenga la representación que los jueces no le dan. Tienen prisa, pero deberían sosegarse porque entre la reforma del acceso a la Judicatura, la conversión de sustitutos en jueces y con una Comisión de Ética que forje un nuevo «sentido común» judicial, quizás dejen de ser minoritarios.

Ahora estamos en fase de enmiendas y veremos qué sale de ahí. De momento, los independentistas –que se saben imprescindibles– exigen para garantizar su voto la desaparición de la Audiencia Nacional más la creación de consejos judiciales autonómicos, es decir, que cada autonomía tenga su particular CGPJ. Y, según dicen las crónicas, esto, además, se lo ha ofertado esa maldición llamada Rodríguez Zapatero. Sólo recuerdo dos cosas. Una, que de Zapatero vino el Estatuto de Autonomía catalán, que preveía consejos territoriales y, otra, que eso fue expresamente declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Las enmiendas las carga el diablo y gobernando quien gobierna, se piensa en lo peor y se acierta, luego no excluyan que se ceda en lo que sea con tal de no perder el poder, que cualquier barbaridad en términos constitucionales acabe siendo constitucional tras pasar por ese órgano de convalidación aún llamado Tribunal Constitucional.

José Luis Requeroes magistrado.