Un pacto abierto a la esperanza

El acuerdo entre el Gobierno y el PP para la renovación del CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial, sin duda es una noticia que merece ser analizada por su trascendencia. De hecho, el que fuese precisa una mediación de la Comisión Europea para alcanzarlo, ya refleja la manifiesta incapacidad de conseguirlo entre el sanchismo y el PP, así como la importancia de lograrlo. Y también una cierta vergüenza de tener que solicitar esa mediación para hacerlo realidad, lo que indica la polarización y el frentismo en el que Sánchez ha situado a la política española, que la hace necesaria cual si estuviéramos ante una democracia menor de edad.

Pero pese a todo y por encima de todo, es un avance significativo e imprescindible para conseguir una necesaria despolitización de la Justicia que con el espectáculo del actual Tribunal Constitucional y en especial de la Fiscalia General del Estado, no pasa por sus mejores momentos de confianza y respeto por la opinión pública y la publicada. Que Vox, por un lado, y los aliados parlamentarios del Gobierno por el otro, lo critiquen duramente, es un ejemplo del excesivo partidismo al que se había llegado. Vale decir en todo caso, que el Congreso y el Senado tengan su papel en cuanto a la definitiva regulación del CGPJ tiene su fundamento en que en última instancia «la justicia emana del pueblo» y éste tiene su representación en las Cortes Generales. Una cosa es que la justicia deba ser objetiva e independiente de los partidos –y parecerlo–, y otra el excesivo corporativismo de que solo «los jueces elijan a los jueces», siendo un Poder del Estado.

Es también una buena noticia que la provisión de plazas en el Tribunal Supremo y otros órganos Jurisdiccionales deba efectuarse mediante una mayoría cualificada, lo que obliga a acuerdos transversales entre los 20 vocales del Consejo. Por todo ello, en principio el pacto es una buena noticia, aunque habrá que esperar a su definitiva concreción mediante la Proposición de Ley Orgánica que el CGPJ debe presentar para regular su futura composición, para confirmar esa todavía contenida satisfacción. Que resulta obligada ante los conocidos «cambios de opinión» del inquilino de La Moncloa, aunque sometidos ahora al arbitraje de Bruselas, no es fácil se puedan reproducir en esta cuestión. Por último: el PP tiene un problema pendiente de solucionar en su relación con Vox, que de momento «ha venido para quedarse» a diferencia de otros anteriores partidos. Para entender su permanencia, sería conveniente mirar a su programa para comprobar la diferencia en muy sensibles cuestiones de conciencia para su electorado.