Big data
La población extranjera en España ha crecido hasta llegar al 18 por ciento
Para la mayoría, con 7,78 puntos, lo más valorado es que el recién llegado esté dispuesto a adoptar el modo de vida del país.
España está sufriendo una oleada de inmigrantes que llegan principalmente en pateras a las costas canarias, en un número creciente que ha colapsado los sistemas de acogida de las islas y ha obligado al Gobierno a distribuir a estos migrantes por el resto del territorio peninsular. Pero, ¿qué piensan los españoles a cerca de esta cuestión? ¿son todos los extranjeros igualmente bien o mal recibidos?
El Instituto Nacional de Estadística (INE) nos sorprendía al publicar los datos provisionales del tercer trimestre de 2023, contabilizaba casi un 18 por ciento de residentes extranjeros en España, con 8.569.654 personas nacidas fuera de nuestras fronteras. Una de las series históricas que se han interrumpido por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), desde la llegada de Pedro Sánchez al La Moncloa, ha sido el observatorio periódico sobre Actitudes de los Españoles hacia la Inmigración. El último publicado, el número X, es de septiembre de 2017. Ya no hubo un número XI en 2018, pues en septiembre de ese año ya había vencido la moción de censura contra Rajoy.
Los datos del estudio 3.190, último de la serie, nos indican que el 61,1 por ciento de los españoles consideraba elevado o excesivo el número de inmigrantes en España. Únicamente el 4,3 por ciento lo consideraba insuficiente. Este mismo estudio, preguntaba a los ciudadanos, que evaluara de 0 a 10 puntos, a la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir a España, qué importancia cree que debería tener cada uno de los ocho perfiles que se planteaban. El más valorado, con 7,78 puntos era que esté dispuesto a adoptar el modo de vida del país. Le seguían que tenga una cualificación laboral de las que España necesita con 6,18 puntos y que tenga un buen nivel educativo, con 6,09 puntos. Es de dominio público que una gran masa de inmigrantes no cumplen estos tres requisitos.
El que el CIS o el Ministerio de Trabajo no quieran conocer la opinión de los españoles hacia el problema de inmigración incontrolada, no reduce el potencial peligro a corto plazo que representa no ocuparse de la situación. El estallido social surgido en Francia de este pasado verano nos debería poner sobre aviso.
Hasta cierto punto, los españoles toleran a parte de la inmigración extranjera por su aporte al crecimiento económico del país, y ser percibida como mano de obra complementaria de la nacional, tanto porque la demanda de puestos de trabajo no es cubierta por nacionales, como por aceptar los foráneos los trabajos que los nativos rechazan, o también por sustituir a los que abandonan voluntariamente el mundo laboral atraídos por las ayudas sociales que les permiten sobrevivir sin someterse a la disciplina laboral.
Por otro lado, parte de la sociedad española percibe a la inmigración como amenaza, especialmente entre aquellos que ven en peligro sus puestos de trabajo, o ven deteriora la convivencia en sus barrios, o que compiten con los cada vez menores recursos del Estado para sanidad, educación, vivienda o pensiones. La atención a inmigrantes ilegales colapsa los servicios sanitarios y educativos. De ahí que cada vez más personas se posicionen en posturas que exigen un control de la emigración.
En la Unión Europea la inmigración descontrolada se está convirtiendo también en un problema de seguridad ciudadana. En los países nórdicos ya no es solo la derecha la que advierte de la amenaza, sino que los partidos socialdemócratas o laboristas ya compiten abiertamente con los conservadores en proponer e incluso aprobar leyes cada vez más severas y restrictivas para ordenar la emigración procedente de terceros países.
Esta postura choca abiertamente con la de los tres grandes países del sur europeo; Francia, Italia y España, que a pesar de contar con un mayor porcentaje de población inmigrante que el norte europeo, la polarización política hace imposible adoptar políticas de Estado para frenarla. Esto está permitiendo que sea el caldo de cultivo para el crecimiento de formaciones de extrema derecha que reciben el voto transversal, tanto desde la derecha como desde la izquierda; Marine Le Pen en Francia, que disputó en 2022 en segunda vuelta la presidencia de la República a Macron. En Italia, Giorgi Meloni, en ese mismo año alcanzó la presidencia del Gobierno de su país. En España, Santiago Abascal lidera a Vox, que es ya la tercera fuerza nacional.
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