PSOE, entre la mala praxis y la ilegalidad

En una época como la actual en la que se ha generalizado el uso del dinero electrónico y en la que algunos gobiernos regionales estudian medidas para evitar la exclusión del mercado de las generaciones más mayores, a las que cada vez se hace más difícil acceder al dinero en metálico o, simplemente, conseguir atención presencial, se entiende poco que un partido como el PSOE, con antecedentes penales por asuntos de financiación irregular -el llamado «caso Filesa»- mantuviera unas prácticas de pagos y devolución de gastos de representación tan «artesanales» como las que ha revelado las investigaciones judiciales abiertas a los ex secretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a la mano derecha del primero, Koldo García. Más aún, cuando fueron iniciativas de gobiernos socialistas las que fueron restringiendo el uso del dinero en metálico, hasta los actuales 1.000 euros, para afrontar sin registrar. Si, además, sumamos a la actuación de la gerencia del PSOE la panoplia de declaraciones, acusaciones e indicios policiales que sitúan a Ferraz como eje de una presunta trama de corrupción es fácil comprender que la opinión pública vea en los sobres con billetes y en las facturas sin control electrónico la sombra de la financiación irregular del partido, mediante el cobro en negro de una parte de las comisiones irregulares que habrían recibido sus secretarios de Organización por el reparto de obra pública. Igualmente, si el magistrado del Supremo actuante, en este caso Leopoldo Puente, se encuentra con la negativa a declarar y, por lo tanto, a aclarar la naturaleza de los pagos recibidos, por parte de Ábalos y García, se entiende que el juez quiera recabar la información pertinente del ex gerente Mariano Moreno Pavón y de una empleada de la Secretaría de Organización para tratar de cuadrar unas cuentas que difieren en muchos miles de euros entre lo consignado en la contabilidad del partido y las cantidades que ha podido rastrear la UCO a lo largo de su investigación. Porque, una de dos, o nos hallamos ante un caso de mala praxis contable, favorecido por el uso del dinero en metálico, o nos hallamos ante la sospecha de una ilegalidad que debería tener una inevitable consecuencia política, la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones, si es que queremos aplicar los mismos estándares éticos y morales que los socialistas y sus socios exigieron al anterior ejecutivo popular, y que es de esperar que se mantengan en este caso. En cualquier caso, no parece que reiterar la acusación de «lawfare» por parte de los equipos de propaganda de La Moncloa vaya a tener el menor efecto cuando las personas implicadas en la causa, que se han negado a declarar, fueron señaladas como culpables, sin respeto a su presunción de inocencia, por parte de la actual dirección socialista.