Que la democracia en España atraviesa un momento delicado no sólo lo dice Ayuso, sino personas relevantes de la derecha, el centro y la izquierda que, 50 años después, contemplan cómo algunos quieren destruir lo que tanto costó levantar. La Transición fue una obra conjunta de las derechas y las izquierdas para superar la Guerra Civil y la dictadura, situando al país en la modernidad del Occidente democrático. Se hizo a base de renuncias, siendo conscientes de que en la cesión está la base del acuerdo. Así se gestó la Constitución que permitió nuestro despegue, elogiado en la mayor parte del mundo, que nos puso de ejemplo sobre cómo transitar desde un régimen autoritario a otro de libertades.

Aquello fue un éxito, pero hoy hay fuerzas empeñadas en revisarlo presentándolo como una farsa que hay que desenmascarar para «descubrir la verdad». El problema es que se trata de una verdad de parte, una mascarada propia del Ministerio de la Verdad orwelliano, que se encargaba de falsear la historia para adaptarla a su interés. Algo así hacía la URSS y todos los regímenes autoritarios, desde el nazismo al fascismo y el comunismo. Lo curioso es que Sánchez habla de «salvar la democracia», cuando fomenta un régimen de ideología única, sin división de poderes, sin contrapoderes, sin Justicia independiente, sin prensa libre y con un Ejecutivo que manda sobre el Legislativo, controla a magistrados y fiscales, elimina medios díscolos, ocupa las instituciones y acaba instaurando un régimen estilo Venezuela. Eso sí, siempre con un discurso impostado que pretende presentar como plural lo que en realidad es autocrático. Diciendo que «hay que salvar la democracia», pese a promover su degradación, apropiándose de la terminología para usarla en el sentido de las «democracias populares» de los regímenes socialistas.

Esto es real. No es una pesadilla. Y lo peor es que actúa amparado por una Unión Europea que mira para otro lado, que no quiere saber cómo aquí se dicen barbaridades contra los jueces que se atreven a investigar a la izquierda. Dos de los magistrados que han fallado contra el fiscal general lo hicieron antes contra el PP por la Gürtel y contra el yerno del Rey por Noos. Da igual, la única verdad que debe prevalecer es la de ellos, y si se condena a alguien de izquierdas, se tilda de fascistas a los jueces y se les acusa de instaurar una dictadura judicial. No se respetan las formas, ni las leyes, ni la independencia de los poderes.

Tenemos un Gobierno y un presidente que se ha pasado al podemismo militante promoviendo la Ley Begoña para controlar a la Judicatura, y otras leyes para neutralizar a los medios díscolos, acusándolos de desinformar o ahogándolos económicamente. Con el descaro de hacerlo sólo contra los de derechas. Los tabloides digitales de ultraizquierda no desinforman. Y lo que es peor: han organizado un entramado de cloacas para destruir al enemigo o a quienes, como en la UCO, cumplen con su deber de investigar la corrupción, sea del color que sea.

Sánchez no se encerró cinco días para deliberar sobre si debía dimitir, sino para destruir a los medios que publicaban noticias sobre su esposa. Que la democracia está en riesgo es evidente, pero no puede salvarla Sánchez. Hay que protegerla de él, que es quien la pretende adulterar.