Una sociedad enferma

A veces se producen hechos en apariencia insignificantes, pero que, analizados como merecen, ponen ante nuestros ojos su auténtica trascendencia. Ayer al mediodía, dos mujeres se encontraban en Castellón rezando en un parque ante un abortorio situado a distancia superior a la que medía por una calzada urbana con vehículos aparcados en las dos aceras, cuando una periodista de una tv local fue a preguntar por su presencia allí. A continuación una pareja de policías locales les pidió se identificaran preguntando por el motivo de su presencia, y pidiendo se alejaran, cosa que hicieron desplazándose unos pasos del banco en el que estaban hacia uno posterior. La sorpresa fue que a continuación apareció una «legión» de agentes de la autoridad –no menos de diez al parecer– con uno al mando con palabras y gestos autoritarios para acabar con la situación creada.

La cuestión de fondo es que el Código Penal del sanchismo –no «el de la democracia, de 1995»– incluyó el artículo 172 quarter: «El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días». Las mismas penas se impondrán cuando los afectados sean trabajadores o funcionarios del ámbito sanitario o directivos de los abortorios. Al respecto, tres cosas a meditar: una es que ni siquiera el Palacio del Congreso, ni los diputados tienen un nivel de protección como el de los abortorios, ya que no es infrecuente que hayan ciudadanos que increpan a parlamentarios al acceder o salir del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, lo que indica la sobreprotección que tiene la patronal de tal sector. Una segunda reflexión es que tener un cartel de unos 80cm x 50 cm, que diga «No estas sola, podemos ayudarte», colocado junto a unas personas rezando, situadas a no menos de 25 metros del acceso al local, es difícil pueda ser considerado como intimidatorio, ofensivo, etc., para cualquier mujer y en especial para los directivos y personal sanitario de esos centros, por ejemplo. Y la tercera reflexión es que una sociedad que protege hasta con penas de cárcel a quienes su negocio consiste en descuartizar al ser humano más inocente e indefenso, al tiempo que impide ayudar a la mujer que lo necesite si lo desea, es una sociedad gravemente enferma.