La vena «progresista»

Teresa Peramato se convertirá en la cuarta persona en ocupar el cargo de fiscal general del Estado durante el Gobierno de Pedro Sánchez, tras María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. De momento, no jurará el cargo hasta que se complete el proceso de sustitución, que puede alargarse en el tiempo salvo si la sentencia impone su ejecución inmediata. Eso obligaría a dejar vacante la jefatura de la Fiscalía General del Estado hasta que pudiera completarse el proceso de nombramiento de Peramato. Este vacío de poder obligaría a la número dos de la Fiscalía, la teniente fiscal del TS María Ángeles Sánchez Conde, a asumir el despacho cotidiano de los asuntos de la Fiscalía hasta que se completara la designación. Tras ella, Peramato tendría ante sí el reto de cerrar la brecha interna abierta en los últimos años, recuperar la imagen y la credibilidad del Ministerio Público, y hacer olvidar un vodevil que dura ya demasiado tiempo. Experta en la lucha contra la violencia de género, cuenta con el respeto de sus compañeros por sus 35 años de carrera, pero ya se han levantado voces que le reprochan su excesiva carga ideológica por su vinculación a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Una vena progresista que hasta ahora se fusiona con la connivencia con Moncloa y sus dictados. No en vano, el propio ministro Bolaños manifestó esta semana que Peramato «reforzará la autonomía, la independencia, el prestigio y la excelencia de la carrera fiscal que, por supuesto, nadie la pone en duda». Pues permítanme que desde aquí discrepemos y sí pongamos en duda la independencia y autonomía de la que será nueva fiscal general si la sigue nombrando el Gobierno. El prestigio y la excelencia se presuponen, pero todo lo demás no. Máxime cuando Pedro Sánchez salió escaldado de la valentía de Segarra ante el «procés» y nombró a su amiga Delgado y a su mano derecha después. Ahora la cosa pinta parecida. El tiempo dirá.