Los nombres vascos que se prohibieron por ser considerados “contrarios a la unidad de la Patria” durante el franquismo

En la España franquista, hablar en euskera ya era un gesto de resistencia. Pero aún más lo era poner a un recién nacido un nombre en esa lengua. Nombres hoy comunes en el País Vasco y Navarra, como Ainhoa, Unai, Leire o Iñaki, fueron ilegalizados durante la dictadura por considerarse un desafío a la unidad de la nación española. Una represión cultural que se prolongó durante décadas y que afectó no sólo en los registros oficiales, sino también en el trato cotidiano y familiar.

La historia de los nombres vascos no comienza con su prohibición, sino con su reivindicación. Según explica un artículo en el medio vasco Naiz, a finales del siglo XIX, Sabino Arana, ideólogo del nacionalismo vasco, impulsó una recuperación del santoral en euskera, creando incluso versiones “vasquizadas” de nombres cristianos, como Andoni por Antonio, Koldo por Luis o Gorka por Jorge. Esta corriente tuvo eco en parte del clero vasco, que en 1904 autorizó por primera vez la inscripción de nombres en euskera en los registros parroquiales.

En 1930, durante la Segunda República, estos nombres también fueron aceptados en el registro civil. Pero tras el golpe militar de 1936 y la victoria del bando franquista, todo dio un giro. Con la imposición del castellano como única lengua oficial, los nombres en euskera fueron borrados de los libros de registro. En 1939, una nueva orden decretó la nulidad de todas las inscripciones hechas en otras lenguas: los padres tenían sólo dos meses para traducir el nombre de sus hijos al castellano.

Los nombres vascos que se prohibieron

En algunos casos, la adaptación fue simple: Iker pasó a ser Ikerio, luego Ignacio. Pero con nombres como Amaia (cuya traducción literal es "final"), Itziar (referente a una localidad guipuzcoana) o Eguzkiñe (“pequeña sol”), la tarea se complicó. La administración optó por traducciones arbitrarias o forzadas: Amaia se convertía en Fin; Eguzkiñe, en Agustina; Jasone (equivalente vasco de Jesusa), en Concepción. En los casos más radicales, el nombre se suprimía directamente, como ocurrió con Iraultza (“revolución”) o nombres ideológicos como Lenin, Marx o Libertad.

Pero la represión no se limitó al papel. Incluso usar un nombre vasco de forma oral podía acarrear sanciones económicas, especialmente en entornos públicos o escolares. Llamar a alguien Maite en vez de María Teresa, o a Peio en lugar de Pedro, se consideraba una falta. Aun así, muchas familias buscaron formas ingeniosas de burlar la censura.

Una de las estrategias más usadas es que, ante las restricciones, algunas familias optaron por estrategias para conservar cierta identidad onomástica sin incumplir la normativa. Una de las vías fue el uso de nombres religiosos con connotaciones locales, como Begoña, Aránzazu o Irache, nombres de vírgenes y lugares de culto, que sí podían ser aceptados. Otra fue registrar nombres compuestos como María Teresa, con la intención de usar diminutivos o formas populares como Maite en el día a día.

A partir de la Transición, y especialmente con la Constitución de 1978, se reconoció la oficialidad de las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, lo que permitió recuperar el uso legal de nombres en euskera, catalán o gallego. El cambio legislativo dio paso a una progresiva normalización en los registros civiles.

En la actualidad, muchos de los nombres que décadas atrás fueron prohibidos figuran entre los más comunes en comunidades como el País Vasco o Navarra, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Algunos adultos nacidos durante la dictadura incluso han solicitado, en años recientes, modificar su nombre en el registro para adoptar el que les fue asignado familiarmente pero no reconocido legalmente.