Prisión para la cúpula del «frente de cárceles» por integración en ETA

La dirección del «frente de cárceles» –encabezada supuestamente, al menos desde febrero de 2013, por los abogados Arantza Zulueta y Jon Emparantza, detenidos el pasado miércoles junto a otros seis presuntos integrantes de esa cúpula– es el «órgano del que se vale ETA» para el control de los presos de la banda terrorista. Así lo entiende el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien ayer ordenó, a instancias de la Fiscalía, el ingreso en prisión de los ocho detenidos –José Luis Campo, Aitziber Sagarminaga, José Miguel Almandoz, Egoitz López de la Calle, Asier Aranguren y Aintzane Orcolaga, además de los dos referidos–, a los que imputa un delito de integración en organización terrorista.

A lo largo de un minucioso auto, el magistrado sostiene que ese organismo, el KT, «Koordinazioa Taldea» (grupo de coordinación en euskera), disponía de «un grado tal de autonomía en la gestión del destino penitenciario de los presos» de la banda que actuaba «como un brazo operativo más de la ETA misma». Era, en definitiva, «el enlace que permite la comunicación directa entre la dirección de ETA y sus militantes en prisión», concluye el juez.

En los registros efectuados tras las detenciones del pasado miércoles, la diversa documentación incautada permite vincular «directamente» a los ocho arrestados, dice Velasco, «con estructuras que conforman en sí mismas parte crucial de la organización terrorista ETA».

«No se ha disuelto»

Pese al alto el fuego anunciado por la banda terrorista en octubre de 2011, la organización criminal «no se ha disuelto» –recuerda el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional– trasladando al «frente de cárceles» su principal actividad, en territorio español, «en coordinación con la dirección armada de ETA en la clandestinidad». Esa reordenación de los terroristas de mediados de 2012 se habría hecho a través del KT «bajo las directrices de la dirección de ETA». Es precisamente la cúpula etarra, dice el magistrado, la que «hace llegar sus instrucciones de forma periódica» al KT, que desarrolla su actividad «en la clandestinidad».

Los detenidos serían los encargados de distribuir entre los presos los «rulos o canutillos en papel cebolla» para el intercambio de comunicaciones entre ETA y sus presos en España y Francia.

Zulueta visitaba a los presos, aunque sólo a los integrantes del MBLT (que ejercían la dirección del «frente de makos» en el interior de las cárceles) para «ejecutar la red de notas y avisos para y hacia la organización terrorista respecto de sus presos». Todo, recalca el juez, con el objetivo de controlar a los reclusos y a los distintos entramados de apoyo social y familiar de los mismos.

La Guardia Civil había constatado 21 reuniones anteriores del KT antes de que se produjeran las detenciones. En esta ocasión, y después de que el Ministerio del Interior informara por error de la operación antes de que ésta se pusiese en marcha, los imputados estaban en alerta y cuando los agentes llegaron se los encontraron «destruyendo documentos». Por primera vez en esas 21 ocasiones no estaban reunidos, sino «dispersos», y tres de ellos intentaron huir.

El juez Velasco entiende que dejar en libertad a los detenidos supondría asumir un riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Sus abogados invocaron sin éxito «la realidad actual de un contexto social de ausencia de violencia» para evitar la cárcel a sus defendidos.