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Sanidad incumple la ley y se niega a dar los nombres del Comité de Expertos

El único dato que apuntó es que se trata de 12 técnicos «que trabajan en la Dirección General de Salud Pública».

La identidad de la docena de expertos del Ministerio de Sanidad que se encargarán de valorar el pase de las provincias a las fases de desescalada es una incógnita. El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a facilitar sus nombres. Así lo dejó claro el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el miércoles durante una de sus comparecencias: «No les voy a dar los nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad (...) Si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno (...) Lo mejor es que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible».

El único dato que apuntó es que se trata de 12 técnicos «que trabajan en la Dirección General de Salud Pública». La importancia de su labor radica en que serán ellos los que decidirán junto con los responsables de salud pública de las distintas comunidades autónomas qué provincias, islas u otras áreas geográficas cumplen o no los requisitos para avanzar en la relajación de las restricciones impuestas por el estado de alarma, como prevé el plan de transición por fases diseñado por el Ejecutivo.

Sin embargo, no dar a conocer estos nombres contraviene Ley General de Salud Pública del año 2011, que en su artículo 11 establece que «será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente». Según la legislación española, la limitación para conocer esos nombres debería estar justificada en razones de, por ejemplo, seguridad nacional, defensa o seguridad pública, supuestos que no se dan. Además, la Ley de Transparencia obliga a facilitar la composición de los comités de expertos y colgarla en la web del Portal de Transparencia.

Una demanda razonable que ayer exigieron PP y Vox a Moncloa. «La sociedad tiene derecho a saber quién conforma ese comité científico», denunció la portavoz popular en la Comisión de Sanidad, Cuca Gamarra.