Sanidad impide que cuatro altos cargos claves en la pandemia rindan cuentas en el Congreso

El Ministerio de Sanidad, protagonista principal durante la mayor crisis de Salud Pública en España en los últimos cien años, no quiere que sus altos cargos rindan cuentas en el Parlamento. Ni que expliquen el resultado de sus gestiones durante la pandemia. Hasta cuatro veces ha impedido que acudan a la Cámara Baja para informar, a petición del Grupo Popular, de las actuaciones llevadas a cabo para proteger la salud de la población o de los propios profesionales sanitarios implicados en la lucha contra el Covid-19. Esta insólita falta de transparencia parlamentaria he llevado al Grupo Parlamentario Popular a presentar un escrito de amparo ante la Mesa del Congreso de los Diputados para que obligue a comparecer sin excusa válida ante la Comisión de Sanidad a cuatro de los lugartenientes de Salvador Illa en el Ministerio. Dichos altos cargos estaban convocados para el pasado 30 de julio, pero el Ejecutivo acabó vetando su comparecencia una vez más alegando “motivos de agenda”. Entre esos altos cargos figura Pilar Aparicio, la directora general de Salud Pública y prácticamente desaparecida en toda la crisis.

Según el PP, Aparicio alertó días antes de las concentraciones feministas del 8 de marzo de las consecuencias del coronarivus y valoraba la cancelación de eventos masivos. El escrito de amparo, firmado por la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, recuerda que el pasado día 30 estaban convocados el secretario general del Ministerio, Faustino Blanco; la directora general de medicamentos, la directora general del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y la propia Aparicio. “La convocatoria se realizó por la Presidencia de la Comisión el 15 de junio y, tras un correo de una asesora ministerial, el secretario de Relaciones con las Cortes, siguiendo el conducto reglamentario, informó el pasado día 26 de que el secretario general estaba convaleciente de una intervención quirúrgica y que los otros altos cargos “no tienen disponibilidad en la fecha señalada por razones de agenda relacionadas con el ejercicio de sus funciones en la gestión de la pandemia por Covid-19”, lo que motivó la desconvocatoria.

A juicio del PP, salvo en el caso del convaleciente, los hechos “constituyen un auténtico escándalo democrático y un nuevo acto de desprecio al Parlamento por parte de este Gobierno, acomodado en las formas autoritarias y reacio a someterse al control político de su gestión por parte del Poder Legislativo”. En un comunicado, añade que “es inaudito en cualquier sistema democrático que los máximos responsables de la gestión de la pandemia se nieguen a rendir cuentas ante los legítimos representantes de la soberanía popular”, añadiendo que “personas que han sido claves en la toma de decisiones anteriores y posteriores a la crisis sanitaria deberían comparecer sin problemas”, recordando además que “Aparicio ya valoraba apenas cuatro días antes del 8-M la cancelación de eventos masivos y alertaba de posibles consecuencias del coronavirus en España”.