¿El Plan de Recuperación es para el Gobierno o para la salud del paciente?

El punto 18 (llamado componente 18) del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia que el Gobierno ha enviado a Bruselas como condición para obtener una financiación de 140.000 millones de euros se dedica a enumerar una serie de propósitos y enunciados con el supuesto objetivo de ampliar «las capacidades del SNS».

Cuando se analiza su contenido enseguida se echa de menos a los pacientes. No parece que nuestra Sanidad tenga como objetivo mantener y mejorar la salud de la población y que para conseguirlo centre en este cualquier acción o política.

De entrada, hemos conocido lo que se piensa hacer con nosotros después de entregado «el papel» en Bruselas y, desde luego, no es nada tranquilizador, más bien es realmente preocupante.

Mucho empaque técnico economicista, pero la humanización asistencial y la coordinación sociosanitaria brillan por su ausencia.

El riesgo de recortes económicos (pese a reconocerse una financiación baja) se constata muy pronto. ¿Será que atender debidamente la salud de las personas de nuestro país sólo se considera como un gasto?

Así lo evidencia el Plan, posicionándose contra los medicamentos innovadores y señalándolos, ni más ni menos, como generadores de incertidumbres clínica y financiera ¿será una «errata»?

Las redes de evaluación de medicamentos y de tecnologías y prestaciones sanitarias auguran también restricciones impuestas desde la burocracia. Lo mismo que la guerra a quienes por razón de nuestra enfermedad tengamos que consumir más de cinco medicamentos ¿por qué cinco?

La formación se plantea como una acción dirigida a los médicos (no a las asociaciones de pacientes) para ilustrarlos sobre las ventajas de ciertos fármacos y desaconsejar otros por su coste y efectividad, a pesar de que estén incluidos en la Cartera de Servicios y cuenten con el aval de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). ¿Para cuándo la formación a las asociaciones de pacientes?

La «racionalización» en el consumo farmacéutico es línea prioritaria del Plan gubernamental, que, por cierto, no es nada novedosa y sí muy polémica. La Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (2006) ya lo contempla, pero con un mandato permanentemente incumplido: que en las actuaciones de racionalización las comunidades autónomas utilicen criterios homogéneos y se eviten desigualdades. Las Comisiones de Farmacia y los Protocolos (diferentes incluso entre hospitales de una misma comunidad) son muestra patente de incumplimiento del deber de no discriminar a los pacientes por razón del territorio.

El Plan de Recuperación anuncia reformas legales, cuyo alcance desconocemos pero que, a juzgar por los propósitos del Plan, generan grave inquietud para los pacientes y para las asociaciones que los representamos.

En materia de cáncer, está bien que en el Plan se cuantifiquen los recursos que se van a destinar para informar y sensibilizar a la población, pero no resulta de recibo someter a los pacientes a la zozobra de no saber si podrán seguir sus tratamientos o si se antepondrá la llamada eficiencia económica a los resultados en salud.

No convendría olvidar que la enfermedad es sólo cuestión de tiempo y que también quienes recortan derechos y prestaciones van a enfermar. Ellos o sus familiares cercanos van a padecer algún tipo de cáncer y, como nos pasa a los pacientes actuales, seguro que desearán tener en ese momento la mejor atención sociosanitaria posible.

Hablen con las asociaciones de pacientes y busquen sus propuestas y colaboración. El ignorar nuestra existencia aparenta tener como fin el no considerar nuestro legítimo papel de agentes sanitarios. Los que mejor conocemos los procesos de nuestras enfermedades somos los que podemos identificar necesidades y quienes podemos sentarnos como interlocutores para colaborar en la buena gestión del sistema sanitario.

No nos consideren objeto de la asistencia sanitaria, sino protagonistas en el proceso de recuperación de nuestra salud.