Ciudadanos de primera y de segunda con las vacunas

España cuenta con uno de los calendarios vacunales más generosos de toda Europa y se supone que, a medida que se acerquen las elecciones municipales y autonómicas, la oferta de dosis protectoras irá a más, sobre todo en las comunidades inmersas en los comicios. Por una suerte de efecto dominó, las otras, más temprano que tarde, irán detrás.

Pero una cosa es la oferta de sueros dirigidos a inmunizar a la población y otra muy distinta es el ritmo al que se están administrando y los colectivos que se benefician o no de ellos, en función del territorio en el que vivan. Un ejemplo de todo ello es el de la vacuna preventiva frente al herpes zóster, un virus muy molesto y doloroso cuya irrupción se puede evitar.

Resulta que la Comisión de Salud Pública del Interterritorial fijó en marzo de 2021 las directrices que debían regir en su administración, recomendando empezar por varios colectivos de riesgo, para después inocularla a la población general, a medida que el fabricante garantizara el suministro, cosa que hizo a principios de este año. 19 meses después de aquella declaración no todas las autonomías han vacunado aún contra el herpes zóster a los grupos de riesgo y sólo tres han empezado a inyectar los sueros en la población sana. Esta España de dos, tres y hasta más velocidades que fabrica ciudadanos de primera o de segunda en función del lugar donde residan se materializa ante la pasividad del propio órgano que elaboró las recomendaciones, del Consejo Interterritorial al que pertenece y del Ministerio de Sanidad, que pregona los avances hacia la equidad y la cohesión sanitaria mientras España se agrieta sanitariamente. El problema afecta a otras vacunas, a las prestaciones y a los tiempos de espera, sin que nadie se rasgue las vestiduras por ello.