Autonomías y laboratorios aprietan a Sanidad

César Hernández, al que la ministra Carolina Darias tuvo el acierto de situar como director general de Cartera Común de Servicios y de Farmacia por su reconocida solvencia, tiene una tarea ardua por delante. El modelo de introducción de medicamentos en España no contenta a nadie. El principal criticado es el propio Ministerio de Sanidad, al que todos culpan de la situación.

Las organizaciones de pacientes y los laboratorios reprochan a Darias, Hernández y su equipo el retraso que experimenta la llegada de los fármacos innovadores. Los últimos datos de la consultora Iqvia sitúan la demora media en 517 días desde que reciben luz verde de los reguladores, todo un mundo en comparación con la etapa anterior a la llegada del PSOE –en 2018 se tardaba 132 días menos– y mucho mayor, en cualquier caso, que en países como Alemania –133 días–, Francia –240 días– o Inglaterra –340 días–. Las autonomías, que a la postre son las que pagan las medicinas, y sorprendentemente, algunas asociaciones de izquierdas, culpan al Ministerio de lo contrario. En concreto, le recriminan que ceda a las presiones mediáticas y de las asociaciones de pacientes, a las que ven como correas de transmisión de los intereses de la industria. No son raros los casos de medicamentos avalados en la Comisión de Precios que se enfrentan a todo tipo de obstáculos antes de aterrizar definitivamente en los hospitales. Incluso, dentro de las comunidades son frecuentes los casos de hospitales más estrictos que otros a la hora de administrar los fármacos. Estos contrasentidos ponen de los nervios a los laboratorios: a pesar de quedar eximidos en la pandemia de hacer aportaciones a las arcas públicas, sus productos tardan un mundo en venderse y las matrices no lo entienden.