Ayuso contra las listas negras de médicos

Todo el respaldo a Isabel Díaz Ayuso en su oposición al registro de médicos objetores al aborto, lo que en lenguaje coloquial se viene denominando las «listas negras». La ministra García, tan aficionada a los métodos soviéticos, da un plazo sumarísimo a Madrid para que entregue esos listados de colegiados objetores, amenazando con sanciones y medidas coercitivas. La dirigente opositora Manuela Bergerot también exige a la presidenta que se cumpla la normativa estatal y remita el listado de profesionales que se acogen a su derecho a no practicar determinadas interrupciones del embarazo, por entender que se trata de una práctica contraria a la vida.

Dice Ayuso con razón que eso «pone en peligro» varios artículos de la Constitución y tratados internacionales sobre derechos fundamentales, y sostiene que las «listas negras» vulneran derechos constitucionales como los reconocidos en el artículo 14 (igualdad ante la ley); el 15 (derecho a la vida e integridad física y moral); y el 16 (libertad ideológica y religiosa). También el 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Amén de documentos éticos como la Declaración sobre Objeción de Conciencia de la Organización Médica Colegial (1997) y el Código de Odontología Médica.

En buena lógica, lo suyo es facilitar la identidad de aquellos doctores que no tienen problema alguno en que se hagan públicos sus datos. Cosa diferente es que se obligue a quienes quieren salvaguardarlos, mayormente por miedo a represalias de tipo laboral, algo no descartable. Si es razonable que se garantice la confidencialidad de las mujeres que abortan, en atención a su libertad individual, también lo es que se haga lo mismo en el caso de los profesionales que, por sus creencias, se declaran objetores, en pleno ejercicio de sus derechos individuales