No se trata solo de un juego de palabras por haber desempeñado las carteras de Sanidad y Defensa. Julián García Vargas defendió la Sanidad en mayúsculas.

Le tocó aplicar la reforma de Sanidad, también conocida como la Ley General de Sanidad, impulsada por su predecesor, Ernst Lluch, en abril de 1986, y que supuso nada menos que extender la cobertura sanitaria a prácticamente la totalidad de la población. Es decir, coger al toro por los cuernos, porque él fue nombrado ministro de Sanidad tres meses después: el 25 de julio de ese mismo año.

Todo un miura porque tuvo que crear un Sistema Nacional de Salud (SNS) único. Léase, fusionar los hospitales de la Seguridad Social existentes, los hospitales universitarios, los hospitales benéficos y los de la Administración Institucional, y hacerlo encima rápido, en solo tres años, pese a la reticencia de algunos.

Fue en esa época en la que se creó también el Consejo Interterritorial, con sus luces y sombras que planeaban entonces y continúan hoy, porque una cosa es la teoría (este órgano debería ser vital en un sistema de competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia sanitaria) y otra la práctica, aunque en ocasiones funcione.

En definitiva, una labor ingente y todo ello siendo García Vargas un economista inspector de finanzas. Pero fue precisamente su mentalidad como administrador civil del Estado lo que a este hombre de confianza de Felipe González seguramente le ayudó a tener esa visión que permitió estos avances mientras él era titular de Sanidad, cargo que ocupó hasta marzo de 1991, porque el día 13 de ese mismo mes fue nombrado ministro de Defensa.

Una trayectoria ejemplar del que también fuera en su día presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y hasta hace poco presidente de la Fundación Feindef, que le ha hecho merecedor del Premio Especial A TU SALUD.

«González zanjó mis reticencias con un ''te ha tocado''. Nunca me dijo el porqué»

«Es una grata sorpresa que se acuerden de alguien que fue ministro hace nada menos que casi cuarenta años. Lo cierto es que sigo siendo el decano de permanencia al frente de sanidad con cuatro años y medio. Es un departamento que agota por su contacto con la enfermedad y la desgracia humana. Deja una huella de interés por lo que sucede en él y estas décadas no he sido capaz de distanciarme de su evolución», afirmó García Vargas. Y eso que cuando Felipe González le llamó para comunicarle que iba a sustituir a Lluch, este se resistió «con todo tipo de argumentos. Pero él lo zanjó con una expresión: «Te ha tocado». Nunca me dijo por qué me mandó a Sanidad».

El ex ministro resumió su gestión al frente de esta cartera con los siguientes logros: «Me tocó aplicar la Ley General de Sanidad aprobada un mes antes: extender las transferencias y poner en marcha el Consejo Interterritorial, el Instituto de Salud Carlos III, la Organización Nacional de Trasplantes, la ley del medicamento, la consolidación de la atención primaria, la universalización de la asistencia a los no incluidos en la Seguridad Social, el relanzamiento de MIR y EIR... ¿Lo más difícil o laborioso? Probablemente la unificación de hospitales, la introducción de gerentes profesionales y la política de personal. Para complicarlo más, ese departamento incluía también Consumo, lo que añadía algún disgusto de cuando en cuando».

García Vargas recordó cómo intentó introducir criterios retributivos de los médicos por desempeño «con un fracaso total. Con la enfermería sí tuve éxito en los nuevos planes de estudio. Pero fracasé en el intento de elevar el ratio de médico/enfermería situado en un reducido 1,3».

Al margen de las reformas, Vargas se acordó de que en aquella época tuvo que afrontar la epidemia del SIDA, «una infección cuyo agente desafiaba las leyes de la genética entonces vigentes» como ministro. «Se crearon los Comités AntiSIDA con personas afectadas que funcionaron muy bien. También se acertó en las campañas en los medios».

Preguntado sobre si el Consejo Interterritorial cumple con los objetivos para los que fue creado, el ex ministro explicó que este organismo nació para «coordinar las actuaciones de los territorios en un modelo casi federal. Las comunidades autónomas han garantizado la asistencia con diferencias apreciables, pero que pueden superarse. No son razonables las diferencias de gasto por persona que van de 1.991 euros en País Vasco a 1.310 en Madrid, con una renta parecida. Pero, ante todo, el Consejo Interterritorial ha ido deslizándose parcialmente hacia un parlamento sanitario dividido en bloques políticos. Le ha faltado una voz arbitral, que al principio fue la del Ministerio de Sanidad que aportaba una visión global».

«También falta una visión completa de salud pública y de los riesgos de crisis sanitarias. Esperemos que la nueva Agencia de Salud Pública funcione como órgano técnico en este terreno, y respalde al Sistema Nacional de Salud. Ya hubo una experiencia positiva en este campo, el Instituto de Salud Carlos III, previsto en la Ley General de Sanidad, que fue vital con el SIDA. Pero incompresiblemente fue transferido ''de facto'' al Ministerio de Ciencia y Universidades», concluyó.