La eclosión de casos de corrupción que salpican a los hasta hace bien poco máximos mandatarios del PSOE ha cogido con el pie cambiado a los ministros de Sumar. Particularmente llamativo es el caso de Mónica García, la ministra de Sanidad, que no ha dudado nunca en utilizar toda suerte de alharacas mediáticas para autoerigirse en defensora de lo público y azote contra la corrupción sanitaria.

En el tiempo que lleva en el cargo, no son pocas las veces que ha hecho alarde de su apoyo al modelo sanitario vigente frente a supuestos intentos privatizadores y de su lucha decidida contra las mordidas en un sector al que pertenece, y que tan bien debería conocer, por su condición de médico especialista en Anestesiología. Ha tenido incluso palabras duras contra Santos Cerdán, al que los ministros socialistas veneraban para desligarse a toda prisa de él a medida que se conocían los entresijos del informe de la UCO y de la organización criminal que supuestamente lideraba. Sin embargo, ahí se ha quedado todo, en meras palabras. No ha hecho nada más.

Desde el estallido de una crisis que ya tuvo sus precedentes en los casos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia o en las juergas pagadas con dinero público del famoso Tito Berni no ha trascendido ni un amago de romper el Gobierno de coalición o de dimitir. Tampoco un reproche público lamentando el despilfarro del dinero perteneciente al Erario de todos los españoles y que bien podría haber servido para reforzar la sanidad pública. ¿Cuántos médicos podrían haberse contratado con las mordidas atribuidas a Cerdán, Ábalos o Koldo, señora ministra? Seguramente pocos, pero el mensaje que queda es el de que no pasa nada si el desfalco lo cometen los que son de los nuestros.