Mónica García ha pinchado en hueso con los sanitarios y, de forma particular, con los médicos, logrando un hito sin parangón en la historia del Ministerio de Sanidad: el de poner a todos en su contra, desde críticos hasta afines a la causa «progresista». Salvo sorpresa mayúscula, octubre arrancará con una protesta masiva contra su proyecto de Estatuto Marco, que tendrá continuación con una gran huelga en hospitales y centros de salud de todo el país.

La respuesta de los sindicatos más representativos del sector es consecuencia de los vaivenes y los escasos avances –en algunos casos, nulos– que, a su juicio, ha experimentado el texto durante su negociación, lo que consolidaría las malas condiciones en las que tienen que ejercer su profesión, en plantillas raquíticas, con guardias inhumanas, y bajísimos salarios en comparación con los que perciben los sanitarios en otros países de Europa. La tramitación ministerial de esta polémica reforma ha servido además para destapar la estrategia habitual de la ministra durante su mandato: por un lado, ha intentado dividir a los sanitarios, y fraccionar a su vez a los médicos, buscando la complicidad de los más próximos ideológicamente para aislar a los más divergentes. El enfado mayúsculo de los profesionales ha condenado esta burda treta al fracaso. También ha tratado de redirigir estas protestas hacia las comunidades, que a la postre son las que pagan las nóminas y deciden las contrataciones. Esta apelación a la «cogobernanza» es un recurso clásico y también burdo del Ministerio de Sanidad que fue muy empleado durante la pandemia, pero los sanitarios saben que el problema es estructural afectando por igual a feudos del PP, PSOE y nacionalistas, y que el Estado se lava las manos.