Una reforma radical del Consejo Interterritorial

El Consejo Interterritorial es un órgano fundamental para la coordinación sanitaria autonómica del conjunto del Estado. Después de años de funcionamiento burocrático, la pandemia lo revitalizó. Forzado por las circunstancias, el Ministerio de Sanidad multiplicó las reuniones de su pleno y de los órganos que preparan el trabajo técnico para que los consejeros y el propio Gobierno tomaran decisiones. Su trabajo coordinado fue clave para que en algunos momentos álgidos de la embestida de la covid se adoptaran medidas rápidas. ¿Quiere esto decir que su funcionamiento fue perfecto? No, ni mucho menos.

Siguiendo los parámetros del propio Ministerio, el Interterritorial consolidó también diferentes velocidades en la lucha contra el virus, dando pábulo a la inequidad. Asimismo, se adoptaron a veces decisiones de carácter político. Por ejemplo, cuando el pleno daba luz verde a iniciativas que no habían sido aprobadas antes por las ponencias, que reúnen a los técnicos en una determinada materia, o por las comisiones, integradas por los directores generales de un área concreta. Tampoco queda claro cómo deben adoptarse las decisiones. Si por simple consenso, por unanimidad o por mayoría. En la anterior legislatura, el Gobierno elegía la fórmula que mejor le convenía en cada momento para sortear a las autonomías populares, haciendo una lectura laxa de la legislación. Esta situación debería dar un vuelco en la presente legislatura, si finalmente termina de arrancar.

Urge una revisión de este órgano para que su modus operandi sea claro para todos: el Gobierno, las autonomías nacionalistas y las gobernadas por la izquierda y la derecha. El Interterritorial debe ser un órgano de todos, dirigido a aumentar la cohesión sanitaria, no lo contrario.