Sólo Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias tienen un mínimo de cinco plazas de residencias de mayores por cada cien personas de más de 65 años, como marca la Organización Mundial de la Salud (OMS). El precio público de estas plazas es de más de 20.000 euros al año y de la concertación baja a 19.324.

Así lo recogen las cifras oficiales del IMSERSO recogidas entre las 5.542 residencias del país - 1.435 públicas y 4.107 privadas- y que la Asociación de Directoras y Gerentes ha analizado a través de un informe.

Según el documento, las plazas de financiación pública en residencias para personas mayores en España suman un total de 242.206 de las 389.031 existentes en todo el territorio nacional, es decir, un 62% del total.

La Comunidad con mayor porcentaje de plazas públicas es País Vasco, con el 74%, mientras que Galicia es la que menos plazas públicas ofrecen con sólo el 41%.

Aragón y la Comunidad Valenciana son las que más han aumentado el número de plazas residenciales de financiación pública; en concreto, Aragón las aumenta más de un 100% y la Comunidad Valenciana, en un 30%.

El informe indica además que, el índice de cobertura de plazas por personas mayores de 65 años en España es de 4,2% (un 2,6% de plazas de financiación pública propias o concertadas, y un 1,6% de financiación privada). En este caso, la comunidad con mayor índice de cobertura es Castilla y León, con un 7,8%, y la que menos, la Región de Murcia, con 2,3%.

La Organización Mundial de la Salud marca un mínimo de cinco plazas por cada cien personas mayores, algo que sólo cumplen cinco regiones españolas.

Según la asociación de directores de servicios sociales, siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España para llegar al mínimo marcado por la organización internacional. Y es que, mientras que desde 2010 el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado en 1.119.907, las plazas residenciales sólo se han incrementado en 20.226.

“El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de ocho millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020”, denuncia la asociación.

Los principales déficits de plazas residenciales para alcanzar al menos la ratio de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años se encuentran en Andalucía (28.457), Comunidad de Valencia (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.574), Región de Murcia (6.502) y País Vasco (6.074).

En cuanto al precio público anual por usuario, la asociación indica que es de 20.686 euros y el de la concertación 19.324. Esto supone que la aportación promedio del usuario es del 36% y del 40%, respectivamente, según el documento.

En este sentido, el informe señala que existen diferencias en los precios en las plazas residenciales de financiación pública con una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 euros anuales en comunidades como la Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, la Comunidad de Madrid o Cataluña y hasta más de 8.000 euros anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco. En estas dos últimas, apunta el informe, se superan los 10.000 y los 11.000 euros respectivamente.

Del mismo modo, destaca que en algunas regiones los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30% o, como en La Rioja, el 25%. “A la vista de estos datos, resulta evidente el esfuerzo que deben realizar algunas autonomías para promover la construcción y/o concertar nuevas plazas residenciales para personas mayores”, señala.