La UE y las farmacéuticas, en guerra por los retrasos

A los países europeos se les empieza a terminar la paciencia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha amenazado a los laboratorios con acudir a los tribunales si no cumplen los plazos estipulados en la entrega de vacunas. «Vamos a hacer que las farmacéuticas respeten los contratos que han firmado (…) recurriendo a todos los medios legales a nuestra disposición», aseguró ayer Michel en la emisora de radio Europe 1.

Llueve sobre mojado. El laboratorio AstraZeneca –cuyo antídoto todavía no ha recibido el aval de las autoridades europeas para sus suministro– anunció la semana pasada que no podría cumplir con las entregas pactadas hasta el momento y Pfizer también ha reducido el suministro por cambios en su planta de la localidad belga de Puurs. Michel no detalló ayer qué medidas en concreto barajan los Veintisiete, pero recordó que cuando Pfizer anunció los primeros retrasos, la presión del club comunitario acabó dando resultado. «Dimos el primer puñetazo en la mesa y al final los retrasos de varias semanas anunciados pasaron a ser una reducción del ritmo de entrega», explicó.

Sobre las disposiciones de los contratos firmados por las vacunas, resulta difícil saber el margen de maniobra del que disponen los gobiernos europeos, ya que estos documentos son secretos. Ante la presión de la Eurocámara y organizaciones no gubernamentales, el Ejecutivo comunitario publicó esta pasada semana, de manera parcial, el contrato firmado por Curevac. Son 67 páginas repletas de tachones y con múltiples interrogantes.

En cuanto a la responsabilidad del laboratorio sobre posibles retrasos en el reparto de las dosis, la página 30 de este contrato asegura que el contratista no tiene ninguna responsabilidad si esta entrega tardía está ocasionada por una razón de «fuerza mayor» que el texto no detalla. En ese caso, la empresa tan sólo recibirá la remuneración correspondiente por las dosis suministradas.

En la página 17, también se asegura que en caso de retraso según los planes previstos de antemano, el contratista «debe informar a la Comisión tan pronto como sea razonablemente posible, explicar las razones de ese retraso y enviar un calendario revisado de entrega a la Comisión Europea que debe ser lo más cercano posible al programa de entrega estimado, a la vez que se tienen en cuenta las razones para el retraso».

El Parlamento Europeo sigue insistiendo en la necesidad de publicar todos los contratos de manera íntegra con el objetivo de dar respuesta a todos los interrogantes. El de Curevac publicado de manera censurada siembra dudas sobre la responsabilidad civil de los laboratorios y su veto a las donaciones a países pobres. Se desconoce, además, si el Ejecutivo comunitario ha pactado las mismas condiciones sobre estos apartados con todos los laboratorios, siguiendo una plantilla común o si se ha adaptado a las demandas de cada empresa farmacéutica.

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha abierto una investigación al recibir varias quejas por parte de la ONG Corporate Europe Observatory. O’Reilly ha dado hasta el 11 de febrero al Ejecutivo comunitario para que responda a las solicitudes de hacer públicos todos los contratos firmados e información sobre las negociaciones. Actualmente, Bruselas ha suscrito un total de 6 acuerdos y continúa con contactos exploratorios con otras dos compañías. Bruselas ha dado luz verde a las vacunas de Pfizer y Moderna y se espera que mañana la Agencia Europea del Medicamento dé el beneplácito al antídoto de AstraZeneca.

El país que hasta ahora está yendo más lejos a la hora de plantear acciones legales contra las farmacéuticas es Italia. Según el primer ministro del país, Giuseppe Conte, la lentitud en el suministro de vacunas supone «una grave violación contractual que está causando un daño enorme en Italia y en otros países europeos». En un post publicado en la red social Facebook, Conte ha avisado de que estos retrasos «van a tener consecuencias directas en la vida y la salud de los ciudadanos y en nuestro tejido económico y social, de por sí bajo una enorme presión tras un año de pandemia». Para el primer ministro, «si se confirmara la reducción del 60% de las dosis que se distribuirán en el primer trimestre significaría que en Italia se entregarán 3,4 millones de dosis en lugar de 8 millones».

Conte ya se ha reunido con su ministro de Sanidad, Roberto Speranza, para que estudie posibles medidas ante los tribunales. «Recurriremos a todas las herramientas y a todas las iniciativas legales, como ya lo estamos haciendo con Pfizer-BioNTEch, para reivindicar el cumplimiento de los compromisos contractuales».