El objetivo del Ministerio de Sanidad es alcanzar una estrategia consensuada de cara a Semana Santa. Pero no lo tendrá nada fácil. Hoy, las comunidades votan en el Pleno del Consejo Interterritorial la propuesta de la Comisión de Salud Pública, que establece el cierre perimetral autonómico, el toque de queda a las 22 horas y las reuniones de máximo cuatro personas. Al principio, la única que se mostró rotundamente en contra fue Madrid, pero cada vez más se oponen a alguno de los puntos.

A pocas horas de la tensa votación, la presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a reiterar ayer su enfado contra lo que considera «una imposición». Isabel Díaz Ayuso señaló que «el cierre de regiones enteras debería ser la última opción después de haberlo intentado todo». A su juicio esta medida no se ha demostrado eficaz en los puentes de octubre y diciembre para contener los contagios y pide informes sanitarios que la avalen. Por eso, la Comunidad de Madrid propone que tanto los vacunados con las dos dosis como los que cuenten con una PCR negativa puedan moverse libremente por el país, en palabras del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado. Una propuesta que cuenta con el aval de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

Sorprende que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, criticara ayer que Ayuso «va con el paso cambiado» por no querer cerrar Madrid en Semana Santa y se calle ante la postura de la Generalitat de Cataluña. El Govern tampoco está de acuerdo en limitar la movilidad en este periodo y está pensando en abrir la comunidad para que los catalanes puedan salir a visitar a familiares y seres queridos que vivan en otras zonas del país.

Así lo afirmó ayer en rueda de prensa la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, siempre que «los datos epidemiológicos acompañen». La diferencia entre ambas comunidades es que Ayuso aclaró ayer que, aunque no comparte la necesidad de cerrar, acatará la decisión del Interterritorial.

Canarias y Baleares también se oponen al cierre en Semana Santa y piden hacer valer su condición insular para ser una excepción. El Gobierno ya ha excluido a las islas de la limitación de movilidad para el puente de San José. Por eso se espera que también puedan seguir recibiendo visitantes para la semana de Pascua. De ser así, Baleares y Canarias solo podrán recibir turistas internacionales.

Hay otras regiones que, si bien avalan el cierre perimetral, se oponen a otros puntos del plan. El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo espera que el Consejo Interterritorial flexibilice ciertas medidas. Galicia quiere que las reuniones sociales puedan celebrarse con hasta seis personas y creen necesario seguir estudiado la posibilidad de alargar el toque de queda hasta las 23 horas. Navarra, por su parte, se muestra más rotunda en este punto y exige al Gobierno recular para no tener que acortar una hora la movilidad nocturna con el objetivo de no castigar aún más al sector hostelero.

Castilla y León busca suavizar otra de las medidas: la que prohíbe actos en Semana Santa. La Junta de Castilla y León dijo ayer que revisará la posibilidad de celebrar algunas actividades en la calle, a petición de la Iglesia Católica, al igual que ha hecho con otros. Se trataría de actos que no sean procesiones pero que podrían adaptarse con unas características de aforo o de escenario que lo permitan.