La contratación de personas con discapacidad descendió un 30% en 2020 por la pandemia

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha asegurado que la contratación de personas con discapacidad descendió un 30% en 2020 respecto al año anterior debido a la crisis del coronavirus. “El impacto es demoledor, es un sector muy débil en términos de empleo incluso en épocas de bonanza económica”, ha señalado a Europa Press el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, al ser preguntado por la situación laboral de las personas con discapacidad. Por el momento, la plataforma solo dispone de datos de contratación de personas con discapacidad durante la pandemia, ya que el resto de datos (tasa de actividad, tasa de empleo e índice de empleo) “van con un año de retraso”.

Tomando este dato “como avanzadilla”, el presidente del CERMI cree que el resto de datos “irán en la misma línea, si no peor”. “Si no hacemos nada, y me refiero a los poderes públicos, al Gobierno de España, más que de diagnóstico de situación, tendremos que hablar de autopsia, de qué murió”, ha advertido en referencia a la situación laboral de las personas con discapacidad. Precisamente, ha criticado que el Gobierno y el Ministerio de Trabajo están “ajenos por completo e indiferentes” a la grave cuestión del empleo de las personas con discapacidad. “Sin medidas, sin diálogo con el sector, sin preocupación ni interés. Hemos desaparecido de la agenda pública del empleo”, ha lamentado.

A su juicio, la situación laboral de las personas con discapacidad es en la actualidad “devastadora”, por lo que ha afirmado que no pueden “dulcificar la realidad”. Así, ha recordado que la situación antes de la pandemia “ya era de exclusión estructural” y que ahora “todo ha empeorado”. Para el presidente del CERMI, el acceso al bien básico del empleo para las personas con discapacidad “se ha hecho más difícil y mucho más escaso en número”. “No solo el ingreso en el mercado laboral, sino la destrucción y la pérdida de empleo ya creado”, ha apostillado.

“Si los efectos económicos y sociales de la pandemia persisten, y todo apunta a que así será, podemos decir con tristeza que habremos perdido una década para la inclusión laboral de personas con discapacidad”, ha alertado. En referencia a los nuevos problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad en el mercado laboral, Pérez Bueno ha explicado que a las tradicionales dificultades se suman cambios como el teletrabajo o la tecnificación. También piensa en las mujeres con discapacidad, o en las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo, “que casi están borradas el mercado laboral”.

Por su parte, la Fundación Garrigou advierte de la situación de los jóvenes con discapacidad. En concreto, señala, citando datos de la Fundación Adecco, que “solo 1 de cada 10 jóvenes con discapacidad tiene empleo”. Desde la Fundación Garrigou lamentan estos datos y piden una mayor colaboración entre los sectores públicos y privados para reducir al máximo esta “brecha”. Sin embargo, más allá de las cifras, destacan que, detrás de cada joven con discapacidad intelectual que consigue un puesto de trabajo hay “una historia de formación, apoyos y esfuerzo”.

Es el caso de Rodrigo Baltasar, de 28 años, que lleva cinco trabajando en Banco Pichincha, entidad en la que realiza tareas administrativas. “Ahora trabajo en el ordenador y destruyo documentos. Antes también repartía la valija, pero con el COVID he dejado de hacer ese trabajo”, comenta.

El joven asegura que le gusta trabajar y que sus compañeros “son muy amables” y le “aprecian”. Rodrigo estudió el Programa Empresa de la Fundación Prodis y al terminar comenzó unas prácticas que después se convirtieron en un contrato de trabajo. Ahora, pide a las empresas “que den una oportunidad a los jóvenes con discapacidad” como él.

La Fundación señala que historias como la suya cada vez son más frecuentes pero que aún queda mucho por hacer. “El porcentaje de personas empleadas con discapacidad intelectual sigue siendo inferior al de otro tipo de discapacidades como la auditiva o motora. Sin embargo, según un estudio que publiqué hace años, se demostraba un alto grado de satisfacción por parte de los empleadores”, explica la directora de la Cátedra de Patrocinio UAM-Fundación Prodis, Lola Izuzquiza.

Según datos aportados por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (Ceddd), “solo una tercera parte de las personas con discapacidad que había en España en 2019 en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) tenía un empleo” y su tasa de actividad era “más de 43 puntos inferior” a la del resto de la población.

Ante esta situación, la Ceddd recuerda el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” así como que “toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”.

Desde el Consejo quieren “visibilizar” la labor de los denominados Centros Especiales de Empleo, representados por la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee). Con al menos el 70% de sus plantillas con discapacidad, estas entidades tienen como misión la integración sociolaboral en el mercado laboral a personas con discapacidad.

También hacen sus reivindicaciones las personas con discapacidad auditiva. Así, desde la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) exigen la puesta en marcha de medidas “urgentes” para salvaguardar sus derechos laborales.

En concreto, la CNSE propone eliminar “cualquier prejuicio y estereotipo” acerca de las personas sordas. En este sentido, recuerda a empresas y a entidades públicas su obligación de adaptar el puesto de trabajo a las circunstancias de cada profesional sordo, y que contemple el acceso a servicios de interpretación.

“Son muchas las personas sordas que a diario nos trasladan que el uso de mascarillas, la falta de adaptación de plataformas de teletrabajo para mantener reuniones virtuales, y la escasa accesibilidad en el entorno laboral, sea este digital o presencial, están dificultando su comunicación y causándoles problemas de ansiedad”, afirma la entidad.

El otro gran eje de reivindicación de la Confederación es la necesidad de disponer de una oferta de formación accesible. Para ello, solicita que se garantice el acceso a la lengua de signos en los cursos de formación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y que se ponga a disposición de los opositores sordos las adaptaciones necesarias durante las pruebas, sin que para ello se requiera un informe médico preceptivo, y que no se les discrimine por llevar o no audífonos o implantes cocleares. En esta línea, según precisa la organización AGBell International, distintos estudios revelan que las personas con pérdida auditiva “ganan menos dinero y sufren con más rigor el desempleo”. En concreto, cita la investigación “Hearing Loss’s Incidence and Impact on Employment in the United States”, publicada en la revista “Otology & Neurotology”, que pone de relieve que este colectivo gana un 75% de lo que perciben las personas sin pérdida de audición.

En este sentido, apunta que las consultas sobre discriminación laboral son la más frecuentes entre todas las que se reciben en AG Bell International: “aislamiento, ubicación cerca de fuentes de ruido, no adaptación del puesto de trabajo o reducción del sueldo bruto para cobrar el mismo sueldo neto que otros compañeros de la misma categoría”.