El dilema de obligar a vacunarse

Desde el pasado miércoles, todo el staff de servicio en el Pentágono está obligado a vacunarse contra la Covid-19. Funcionarios, militares, miembros de la administración y el resto de personal de la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos forman parte así del cada vez más nutrido grupo de profesionales para los que la vacunación no es una opción. Y es que en todo el planeta empiezan a aflorar las iniciativas que conducen a obligar a determinados grupos a vacunarse sí o sí.

Es el último paso en la cadena de medidas adoptadas para alcanzar la inmunidad de grupo sobre todo en aquellos países en los que los índices de vacunación se han ralentizado sustancialmente en los últimos meses. El personal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos no estaba entre los grupos más vacunados del país. Según recientes estimaciones, solo el 50 por 100 de todos los empleados públicos del Pentágono han recibido la pauta completa de vacunación. Este porcentaje sube considerablemente en lo que respecta a las Fuerzas Armadas activas, pero es más que mejorable entre el resto de los empleados.

Como es sabido, en España la vacunación no es obligatoria para ninguna categoría profesional ni para ningún grupo de edad. Pero el debate sobre la voluntariedad de este acto médico empieza a ser relevante, sobre todo, a la luz de los últimos resultados de contagios en algunos centros asistenciales como las residencias de mayores. Con el aumento de la incidencia entre las personas que fueron vacunadas hace ya más de 9 meses y la amenaza de la prevalencia de la variante Delta no son pocas las voces que auguran la necesidad de tomar medidas drásticas para que ciertos empleados públicos o privados que tienen contacto directo con personas de alto riesgo puedan ser obligados a demostrar que han sido inmunizados recientemente.

Lo cierto es que nuestra legislación hace harto difícil tomar medidas como las adoptadas en Estados Unidos. Sin ir más lejos, el Tribunal Constitucional acaba de suspender el fragmento de la Ley de Salud de Galicia que hacía posible la obligatoriedad vacunal. El alto organismo recogía de ese modo la sugerencia del Consejo de Estado en la línea de que promover una vacunación obligada puede romper el principio de igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos.

Así las cosas, en España a lo sumo podría plantearse una vía indirecta de obligatoriedad. Por ejemplo, establecer límites a la práctica de algunas actividades en virtud de si se posee o no un pasaporte vacunal. Algunas comunidades autónomas como Galicia y Canarias han iniciado ya trámites para explorar esta posibilidad y otras, como es el caso de Madrid, se han mostrado favorables siempre y cuando la práctica se regule bajo el marco de una ley nacional.

De momento, los índices de vacunación en España, que se encuentran entre los más altos del mundo, parecen dar la razón a aquellos que se oponen a la obligatoriedad como instrumento. Tradicionalmente, en nuestro país, la seducción ha funcionado mejor que la obligación para lograr altas tasas de inmunización en prácticamente todas las enfermedades incluidas en los calendarios vacunales. No ha ocurrido lo mismo en otros países como Italia o Francia, en los que se está muy lejos de adquirir los óptimos porcentajes de inmunizados no solo en la Covid-19, sino también en prácticamente todas las enfermedades infecciosas prevenibles.

El Ministerio de Sanidad se muestra renuente a emplear la palabra «obligatorio» en todo lo que tenga que ver con la estrategia de vacunación pero no descarta negociar con las comunidades autónomas algunas medidas coercitivas tales como obligar a realizar varias pruebas PCR a determinados grupos profesionales o establecer un programa de traslados forzosos a aquellos que se niegan a realizárselas. Al fin y al cabo, el objetivo final es tratar de evitar que los grupos de riesgo más comunes entren en contacto con posibles agentes de contagio.

Pero el mundo se encamina de una u otra manera hacia la obligación de vacunarse. Un simple repaso a las prácticas de algunos de nuestros vecinos demuestra que lo más común es no dejar la decisión de vacunarse al completo libre albedrío de los ciudadanos. En Australia, por ejemplo, desde el pasado junio se ha decidido obligar a todos los trabajadores que tienen contacto con personal de riesgo (con enfermos crónicos, con ancianos…) a presentar un pasaporte vacunal en regla. También se ha obligado a vacunarse a toda la delegación de los juegos Paralímpicos del país. A partir del mes de octubre, el Reino Unido también obligará al personal sanitario y a los empleados de atención en residencias a ponerse la vacuna. Se sigue estudiando la posibilidad de que el mes que viene sea necesario haberse vacunado para entrar en un local de ocio británico.

Algunos sectores profesionales se ven afectados también por la obligatoriedad en otros países. En Canadá, por ejemplo, la vacuna es imprescindible para trabajar en el sector de los transportes y en las islas Fiji se le pide a todo funcionario público. Cada vez más países se suman a la lista: desde el 2 de agosto Francia tiene aprobada una ley que obliga a los trabajadores sanitarios a inocularse y que puede imponer multas de hasta 50.000 euros a los locales de ocio que no exijan vacunas como control de acceso, si al final se implementa la ley.

A partir de septiembre, las enfermeras y enfermeros que atienden a pacientes en su hogar en Grecia también tendrán que ser vacunados, y desde ya mismo deberán hacer lo propio los farmacéuticos italianos. De momento solo hay un país que decreta la obligatoriedad de vacunarse a toda la población: Indonesia. Algunos incluso llegan a sistemas mixtos en los que la vacunación solo es obligatoria si un ciudadano quiere moverse entre regiones. Es el caso de Sri Lanka.

Tarde o temprano este tipo de medidas terminará debatiéndose también en España. Y es que la ansiada inmunidad de grupo parece mucho más lejos de lo que antes de este mismo verano algunos quisieron creer.