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27.230.146,1 euros gastó España el último año por no construir el cementerio nuclear

El Gobierno paraliza el almacén temporal centralizado de Villar de Cañas con el fin de analizar la situación del ATC y su política energética. Una decisión temporal por la que España tendrá que seguir pagando a Francia por albergar los residuos de Vandellós I.

  • 27.230.146,1 euros gastó España el último año por no construir el cementerio nuclear
Madrid.

Tiempo de lectura 8 min.

19 de julio de 2018. 17:05h

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Belén Tobalina Madrid. 19/7/2018

El retraso en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad le está saliendo caro a España. Según el «Informe Anual 2017» de Enresa, desde el 1 de julio del pasado año, España está pagando a Francia una «penalización de 74.603,14 euros diarios» por albergar los residuos radiactivos del combustible gastado de Vandellós I (Tarragona). Es decir, España ha gastado 27.230.146,1 euros en este último año por el retraso del cementerio nuclear de Villar de Cañas. Unas penalizaciones que cuando lleguen los residuos a España serán reembolsadas a Enresa, descontándose los costes de almacenamiento incurridos.Y lo cierto es que se esté o no a favor de la energía nuclear, tanto si esta tecnología continúa como si se procede al cierre progresivo de los reactores –tal y como está a favor el Gobierno–, los residuos radiactivos de alta actividad necesitan un emplazamiento. No obstante, el Ejecutivo ha decidido frenar temporalmente el mismo. Y eso que ya llevamos ocho años de retraso. En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica informó ayer que el pasado 5 de julio solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que se dejara en suspenso la emisión del informe preceptivo que este organismo ha de emitir sobre la autorización de construcción del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) con el objetivo de poder analizar con detalle la situación del mismo.

En la carta enviada por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí, Domínguez alude al reciente cambio de Gobierno, así como que aún está pendiente la tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos Radiactivos para solicitar que deje en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual.

Es decir, de la transición energética que quiere hacer el Gobierno, claramente a favor de que no operen más allá de los 40 años, y analizando la letra pequeña de un proyecto que ya recibió el voto en contra de la propia Cristina Narbona, cuando era consejera del CSN.

En cualquier caso, se trata única y exclusivamente de una suspensión temporal no de un carpetazo definitivo al ATC, que sigue, eso sí, sin tener todos los permisos necesarios para su construcción a pesar de estar previsto desde 2010.

«Yo ya me esperaba que la ministra tomase esa decisión. No ha dicho que no se vaya a hacer. De hecho, la licencia está a punto de salir. El problema es que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (que ayer celebró la paralización) está en contra del ATC por el acuerdo con Podemos. Pero la ATC hay que hacerla. Si la ministra está a favor del cierre de las nucleares es necesario construir el ATC», recordó José María Sáiz, alcalde de Villar de Cañas. El edil se mostró confiado en que el ATC se va a construir, máxime con los más de 74.000 euros diarios que pagamos a Francia por los residuos y por las resoluciones a favor que nos están dando los tribunales. No hacerlo supondría una ruina para el pueblo. Pero yo estoy tranquilo».

Sáiz recuerda que el ATC va a suponer «1.000 millones de inversión a la provincia de Cuenca, no sólo a Villar de Cañas. Enresa ha gastado ya en dos años 200 millones en carreteras, un vivero de empresas construido y vacío que velan cuatro vigilantes, etc. La gente no puede entender cómo el presidente de Castilla-La Mancha quiere renunciar a esta inversión porque haya pactado con Podemos. ¿Qué hacemos con los residuos que tenemos en Francia? ¿Los llevamos a casa de Page? Es apremiante su construcción. Un año de retraso nos hace muchísimo daño. En vez de ser menos de 500 habitantes seríamos mil, con lo que todo eso conlleva. Es un tren que pasa una vez en la vida. La comarca pierde seis millones de euros al año por el retraso de la ATC, una asignación económica que empezaremos a percibir cuando llegue el primer contenedor de residuos», añade.

Su confianza contrasta con la alegría de los vecinos a favor de su cierre. Y es que a pesar de la euforia mostrada a primeras horas de ayer, la suspensión no acaba con el proyecto. Desde la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, de la que forma parte Ecologistas en Acción, recordaron en un comunicado que la ministra Teresa Ribera tiene encima de su mesa un expediente completo que sólo precisa de su firma para acabar con el cementerio: «Este anuncio no es suficiente, nos toca seguir peleando y exigiendo a la ministra que, después de más de seis años y medio, acabe definitivamente con este proyecto que no queremos y que no va a ningún lado», afirmó María Andrés, portavoz de la plataforma. «Estamos contentos pero con matices. Llevamos ocho años peleando para parar el ATC. Hasta que no lo veamos publicado en el BOE seguiremos luchando pero pinta bien, eso sí», explicó Carlos Villeta, coportavoz de la citada plataforma.

Desde la Sociedad Nuclear Española (SNE), su portavoz, Eugeni Vives, recordó que se trata de «una suspensión temporal. Lo correcto es hacer una gestión conjunta y centralizada de los residuos, no sólo por el coste que estamos pagando por los residuos en Francia, que no es baladí, sino porque los residuos de Francia nos los puedes meter en una ATI porque son residuos vitrificados y hacer una ATC conlleva apostar por la I+D+i».

A favor de la construcción: «Se crearán hasta 500 puestos de trabajo»

«El CSN dio el visto bueno al emplazamiento del cementerio en julio de 2015 y eso nos garantiza que los terrenos donde se piensa instalar son perfectamente válidos y seguros», explica Carmen Barco, vecina del pueblo, que defiende que este organismo asegura que el almacén «es totalmente seguro a efectos de protección radiológica».

Barco recuerda que la provincia de Cuenca es la quinta mayor de España: «Alberga maravillas naturales que, pese a las campañas de descrédito, no se van a ver afectadas por la instalación de la ATC». Esta vecina confía en que el cementerio nuclear «nos va a dar la oportunidad de tener una industria tecnológica y científica puntera y el mayor centro de investigación de toda Europa en I+D+I. Sin hablar del trabajo que se creará: a lo largo de diez años habrá entre 300 y 500 puestos relacionados con la construcción. Y después el centro tecnológico creará otros 120 puestos». Su creación, asegura, supondrá una asignación de tres millones anuales para Villar de Cañas y otros tres millones para la comarca. «Un dinero que se destinará a la mejora de infraestructuras y a potenciar una economía alternativa a la nuclear para que no se pierda población». «Queremos que se instale porque queremos seguir viviendo en Villar de Cañas».

En contra: «El ATC es innecesario y un derroche de 2.900 millones»

Para Carlos Villeta, portavoz de la Plataforma contra el cementerio nuclear, hay varias razones por las que no se debería construir este cementerio nuclear. «Hay que recordar que estamos hablando de una solución temporal, por lo que no resuelve, sino que aplaza la definitiva 60 años. Pero además llega tarde: el 6º Plan General de Residuos Radiactivos data de 2006 y preveía la construcción del ATC en 2010. Con este desfase, todas las centrales nucleares tienen o están en proceso de tener almacenes individuales (ATI) ante la saturación de sus piscinas.» Es decir, la solución temporal, prosigue, «ya la tenemos, como en EE UU, Canadá, Japón u otros países que no tienen ATC ni piensan tenerlo. En otras palabras: el ATC es innecesario y construirlo sería un derroche de 2.800 millones de euros y 100 más para el peligroso transporte. Los más de 74.000 euros diarios que se paga al centro de La Hague por los residuos de Vandellós I desde julio de 2017 se devolverá en cuanto vuelvan los residuos».

Hay que recordar que esta decisión «fue un acuerdo entre Soria y Cospedal, aunque Villar de Cañas era la 4º opción. Además, informes técnicos califican los terrenos como ''no aptos'' desde el punto de vista geológico».

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