La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal responsable de estafar casi un millón de euros a 273 ciudadanos mediante la técnica del "falso empleado de banca": llamaban a las víctimas para advertirles de supuestos movimientos sospechosos en sus cuentas para obtener sus claves y apoderarse de sus ahorros.

En la operación, denominado Bandido, se ha detenido a 11 personas y se han llevado a cabo 11 entradas y registros en un operativo, con más de 100 agentes en varias provincias españolas en el que se han incautado criptoactivos, casi 30.000 euros en efectivo, terminales telefónicos, joyas y relojes de alta gama.

La investigación comenzó a principios de año, al detectar un patrón común en varias estafas ejecutadas bajo esta modalidad en diferentes provincias españolas. Los estafadores contaban con una amplia base de datos de clientes a los que contactaban por teléfono, generando un clima de confianza mediante alertas ficticias de movimientos fraudulentos en sus cuentas.

A partir de ahí, les solicitaban las claves para, supuestamente, bloquear dichos movimientos, cuando en realidad retendían conseguir era autorizar movimientos de efectivo en su favor, que se traducían en transferencias bancarias, movimientos en plataformas de intercambio de dinero instantáneo, compras de tecnología y de criptomonedas.

Para ocultar su identidad y dificultar el rastreo, operaban desde hoteles en los que se registraban con documentación sustraída a nombre de terceras personas, de este modo, utilizaban redes wifi no vinculadas a sus identidades.

La red estaba dirigida por cuatro personas. Tres de ellas fueron detenidas en una primera fase, que culminó con registros en las localidades gaditanas de San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y la barcelonense ciudad de Sabadell. El cuarto autor material tiene en vigor una orden de búsqueda y detención.

En una segunda fase, se arrestó a los otros ocho miembros del grupo, siete de ellos en la zona sur de la provincia de Alicante (3 Elche, 3 Catral y 1 Guardamar del Segura) y otro en Lleida.

Su misión era la de captar a personas de cualquier punto de la geografía española, en ocasiones con perfiles de especial vulnerabilidad, que estuvieran dispuestas a cambio de una contraprestación económica, a titularizar líneas telefónicas, poner a disposición sus cuentas bancarias para recibir en ellas el dinero procedente de las estafas, o a utilizar sus datos personales para pedir y después recoger en tienda pedidos efectuados online.

En algunas ocasiones se pudo constatar que habrían recurrido a la coacción para lograr que alguna de sus “mulas” accediera a retirar dinero ilícito de una de sus cuentas.

Se practicaron registros tanto en la provincia de Alicante (4 Catral y 1 Guardamar del Segura) y uno en Lleida, en los que se intervinieron más de 15.000 euros en efectivo, escopetas y diversa munición de armas de fuego, material de telefonía, ordenadores, artículos de lujo, relojes, joyas, diversa documentación y además de un vehículo de alta gama.