Incumplimiento de los acuerdos

Bruselas denuncia a España ante la justicia europea por mantener 195 vertederos ilegales

Además, nuestro país no ha actualizado sus planes para la gestión de las aguas y la prevención de inundaciones

Los vertederos de España, en el punto de mira
Los vertederos de España, en el punto de miralarazonLA RAZÓN

Según la Comisión Europea, España mantiene 195 vertederos ilegales con residuos que no han sido tratados adecuadamente, lo que supone un peligro tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Bruselas acusa a las autoridades españolas de no haber tomado cartas en el asunto, lo que supone contravenir la legislación europea sobre gestión de residuos y en, consecuencia ha decidido denunciar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE, quien tiene la última palabra a la hora de exigir el cumplimiento de la legislación europeas.

La directiva comunitaria sobre residuos exige a los países europeos que éstos se eliminen de manera segura ya sea por parte de los productores originales o a través de intermediarios que procedan al tratamiento de manera segura. Bruselas constata que estos vertederos ilegales no han sido sellados, sellados ni restaurados, a pesar de que estos casos datan desde el año 2008.

España recibió el primer aviso en el año 2015 y en el año 2018 se produjo un dictamen motivado, el procedimiento previo a la denuncia ante la corte europea. Esta amenaza sirvió para que las autoridades española se pusieran a trabajar y redujeran el 90% de estos vertederos que en Madrid ascendían a 1513. A pesar de los avances, el Ejecutivo comunitario ha decidido seguir presionando a nuestro país. “España ha faltado a sus obligaciones de control, inspección y cumplimiento en relación con el vertido de residuos”, asegura el comunicado emitido este miércoles.

Planes hidrológicos

Este no es el único procedimiento de infracción al que se enfrenta nuestro país. Este miércoles, el Ejecutivo comunitario también ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber revisados sus planes hidrológicos, tal y como establece la normativa europea. Bruselas obliga a actualizar cada seis años estos planes, dentro del denominado Pacto Verde para luchar contra el cambio climático. Los países europeos están obligados a explicar sus medidas para reducir y eliminar la contaminación así como a garantizar que existe agua suficiente para cubrir tanto las necesidades de los seres humanos como las de la fauna silvestre. Además, estos planes resultan indispensables para poder prevenir y gestionar los riesgos que suponen las inundaciones tanto para el medio ambiente, como la salud, el patrimonio cultural y la economía.

El primer aviso de la Comisión Europea llegó en febrero de 2023 y en septiembre de ese mismo año se produjo el dictamen motivado. Aunque se han producido avances, las autoridades comunitarias consideran que nuestro país no ha notificado por completo sus terceros planes hidrológicos de cuenca ni sus segundos planes de gestión de riesgo de inundación.

Malta, Portugal, Bulgaria, Irlanda y Eslovaquia tampoco han cumplido estos requisitos y también serán denunciados ante el alto tribunal con sede en Luxemburgo. La normativa sobre el agua data del año 2000 y se aplica tanto a las aguas superficiales continentales como a las de transición y costeras así como a las subterráneas. Bruselas pretende que los países vecinos cooperen en la gestión de los ríos y otras masas de agua que formen parte de sus territorios y por eso basa su análisis en las cuencas hidrográficas. El segundo plan tuvo lugar entre 2016 y 2021. En cuanto al riesgo de inundación, el tercer ciclo abarca el periodo 2022-27.

Exposición al plomo

El Parlamento ha impuesto este miércoles nuevos umbrales más estrictos a la

exposición al plomo

por primera vez desde hace cuarenta años y ha incluido los diisocianatos. Ambas sustancias son de uso habitual en la renovación de edificios y en la fabricación de baterías, turbinas eólicas y para que los vehículos eléctricos sean más ligeros. El objetivo es proteger a los trabajadores que están en contacto con estas sustancias ya que la exposición al plomo puede dañar la fertilidad femenina e incluso afectar al feto además de dañar el sistema nervioso, los riñones y causar hipertensión. En cuanto a los diisocianatos, son una de las causas del asma y pueden ocasionar reacciones alérgicas.