La Comisión Europea ha decidido mantener el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero en un 90% en el año 2040 comparado con los niveles de 1990. De esta forma, el Ejecutivo comunitario respalda la senda inicialmente prevista que pretende que en el año 2050 la UE se convierta en el primer territorio del mundo neutral desde el punto de vista de la lucha contra el climático. Esto significa que las emisiones de dióxido de carbono serán recompensadas por la absorción o eliminación en la atmósfera. En la práctica, esto equivale a emisiones 0.

Pero estas pretensiones han chocado con la realidad. Cada vez más gobiernos, parte del hemiciclo europeo y diferentes asociaciones empresariales y colectivos como los agricultores se quejan de que los objetivos europeos socavan la competitividad de la economía comunitaria y perjudican a los más vulnerables.

Para aplacar la oposición de algunas capitales, entre ellas la Francia de Emmanuel Macron, Bruselas ha presentado un paquete que flexibiliza los objetivos para no dañar a la industria europea, temerosa de que estos requisitos incentiven la deslocalización a otros lugares con legislaciones más laxas. Por eso, la Comisión Europea permitirá que al menos un 3% de las emisiones puedan compensarse a través de los denominados créditos internacionales de carbono de países en vías de desarrollo. De esta forma, parte de la responsabilidad de reducir emisiones se descarga en países más pobres y se exime de más esfuerzos a la industria europea.

Estos créditos de carbono internacionales instauran un sistema que se mide en unidades que representan la reducción o eliminación de una tonelada de dióxido de carbono a través de proyectos sostenibles como, por ejemplo, la reforestación de un territorio, ya que los árboles son capaces de absorber dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Estos créditos se comercializan en mercados donde se compran por parte de individuos y empresas.

Esta nueva herramienta europea podrá comenzar a utilizarse en 2036 de cara a la contabilización de los objetivos en 2040 y se seguirán las normas ya previstas en el Acuerdo de París. Esto significa que tan solo se aceptará este sistema de compensación en aquellos países en vías de desarrollo que hayan firmado este pacto y que, por lo tanto, tienen normas similares a las europeas. Según explica el Ejecutivo comunitario, estos créditos deberán haber sido aprobados tras un estudio de impacto detallado y no se admitirá cualquier iniciativa. Las actividades seleccionadas deben ser “creíbles y transformadoras” como la captura y el almacenamiento directo de dióxido de carbono a través de una tecnología que lo almacena de forma segura bajo tierra o la utilización de la biomasa como combustible para generar energía y capturar el dióxido de carbono resultante.

De momento, se desconoce cuál será el coste de esta medida y qué porcentaje de emisiones abarcará. A pesar de las dudas de las asociaciones medioambientales que apuestan por impulsar la industria verde en los países europeos, Bruselas considera que esta flexibilidad permitirá acuerdo fructíferos con países en vías de desarrollo y aumentará la eficacia de la política europea. “Estos créditos deberán poder ser verificados, certificados y adicionales” ha asegurado el comisario de clima Wopke Hoekstra en referencia a las medidas de recorte de emisiones nacionales.

Además, la Comisión Europea también permitirá que los países europeos decidan de manera autónoma el porcentaje del esfuerzo de recortes de emisiones dentro de las diferentes industrias nacionales, siempre y cuando todas ellas tengan que realizar parte de este esfuerzo. Este permitirá a las capitales europeas proteger algunos sectores frente a otros.

Asimismo, Bruselas quiere ir más allá para asegurase de que las empresas europeas no compiten en desigualdad de condiciones en el ámbito internacional. El pasado 18 de junio, se llegó a un acuerdo para simplificar el denominado mecanismo de ajuste en frontera de emisiones de carbono. Esta herramienta impone un gravamen a aquellos sectores altamente contaminantes producidos en países terceros. Las importaciones europeas de estos productos afectados se ven obligados a obtener una autorización y después comprar los derechos de emisión de dióxido de carbono al mismo precio que si esos bienes se hubiesen producido dentro del territorio europeo.

Ante las quejas de las empresas europeas, Bruselas decidió flexibilizar esta normativa para acabar eximiendo al 90% de las importaciones de la burocracia asociada a este mecanismo. La Comisión Europea reconoce ahora que este es el primer paso y que a finales de año presentará una nueva propuesta que persigue extender esta simplificación a los productos derivados y medidas antielusión.