El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha aprobado por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que conlleva la destitución de Juan Arroyo, exgerente del centro, del alto cargo que aún mantenía en el área económica. La decisión se produce tras una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión, según ha podido saber EFE.

La propuesta, presentada por el actual gerente José Manuel Bernabé y avalada por todo el Patronato en una reunión extraordinaria, contempla la eliminación de “duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial”, lo que incluye suprimir el puesto de Arroyo y el cese de otros dos responsables del área económica: José Ignacio Fernández y Laura Muñoz.

La reestructuración llega después de que un ex alto cargo denunciara a antiguos directivos del área económica y a empresas vinculadas por supuestamente haberse lucrado con contratos fraccionados, inflados o sin prestación real, presuntamente con la protección de Arroyo. La Fiscalía Anticorrupción analiza desde junio estas acusaciones, confirmaron fuentes oficiales el pasado 17 de noviembre.

Durante la reunión, Bernabé informó además sobre la entrega de un informe a la Fiscalía de Madrid sobre la situación del centro. El Patronato respaldó esta actuación y expresó su “colaboración total” con la justicia, así como su determinación para esclarecer cualquier irregularidad.

El CNIO inició una nueva etapa el pasado 29 de enero, cuando el Patronato decidió por unanimidad cesar a la directora científica María Blasco y al entonces gerente Juan Arroyo, debido a un “ambiente incompatible con la excelencia científica requerida”. Ese mismo día se acordó convocar un concurso público internacional para seleccionar una nueva dirección científica y una nueva gerencia.

Bernabé asumió la Gerencia el 1 de septiembre con el encargo de recabar toda la información necesaria sobre la situación del centro durante los últimos 18 años. Las cuentas del CNIO se auditan anualmente por la Intervención General del Estado, y el Tribunal de Cuentas revisa actualmente los ejercicios 2022, 2023 y 2024 a petición del propio Patronato.