El Constitucional anula parte del decreto de gestión de la pandemia en Canarias

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente, a instancias del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, el decreto-ley del Gobierno de Canarias por el que se establecieron el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de covid-19 en las islas.

La sentencia, aprobada por unanimidad y de la que ha sido ponente la magistrada Laura Díez Bueso, considera que el decreto ley en cuestión "afecta al derecho a la libertad personal cuando prevé las medidas de aislamiento y cuarentena".

"Estas medidas", indica el Constitucional, "pueden llegar a implicar una privación casi total de la capacidad de autodeterminación de movimientos, tienen carácter obligatorio y pueden ser objeto de imposición coactiva, además de dar lugar a consecuencias de naturaleza sancionadora".

Por estos motivos, se declaran inconstitucionales y nulos el artículo 12, apartados 1, 2 y 5, así como los incisos ¿incluyendo el cumplimiento del aislamiento o cuarentena prescritos por un profesional sanitario¿ del artículo 6.1, y ¿permanecerá en su domicilio¿ del artículo 6.2.

A su vez, esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad se extiende a los apartados 3, 4, 6 y 7 del artículo 12 del decreto-ley canario. El Tribunal Constitucional también estima que afecta al derecho a la integridad física cuando prevé las medidas relativas a la vacunación y a la realización de pruebas diagnósticas y de cribado.

Recalca que el decreto ley 11/2021 no contempla ni la vacunación ni las pruebas como medidas de carácter obligatorio; ahora bien, establece una serie de consecuencias para el caso de que la persona se niegue a prestar su consentimiento para someterse a las mismas, tales como la imposibilidad de desempeñar un trabajo que se hubiera condicionado a tales intervenciones sanitarias. Estas consecuencias, esgrime el Constitucional, "condicionan a la persona en el momento de decidir si se vacuna o si se somete a una prueba diagnóstica o de cribado, por lo que suponen una limitación a su derecho a la integridad personal". Por este motivo se anulan el artículo 14.2, párrafos segundo y tercero, y el artículo 15.7.

El decreto ley canario también prevé una serie de actividades que "pueden ser objeto de limitación y que los recurrentes consideran ejercicio del derecho de reunión". El primer grupo se refiere a actividades como la asistencia a espectáculos públicos, la realización de acampadas, el alojamiento en albergues o campamentos, los mercadillos, las atracciones de feria o la concurrencia a parques y playas. La sentencia considera que, en principio y con carácter general, estas actividades no pueden ser consideradas ejercicio del derecho de reunión, por lo que estas previsiones del decreto ley 11/2021 no son contrarias al texto constitucional. El otro grupo de actividades que los recurrentes consideran ejercicio del derecho de reunión se refieren a la permanencia de personas en espacios públicos y privados, que el Constitucional también ve afectados, por lo que declara igualmente inconstitucionales los artículos 25.2, 26.2, 27.2 y 28.2.

Por último, la sentencia niega que el decreto ley sea una modalidad de ley singular autoaplicativa, como sostienen los recurrentes.