La demolición del Algarrobico: la "patata caliente" de las administraciones

Como desafío contra su destrucción, todavía se erigen grúas alrededor del Algarrobico, el gigante de veinte plantas proyectado como hotel y construido a 15 metros del mar en el Parque Natural Cabo de Gata, en la localidad almeriense de Carboneras.

Levantado con la connivencia del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en tiempos en los que ambas administraciones eran gobernadas por el PSOE, su estructura se ha convertido en símbolo del urbanismo más salvaje en nuestro país durante las últimas dos décadas, resistiendo a su derribo pese acumular varios fallos judiciales contrarios a su existencia. Sentencias que han quedado enmarañadas entre traspasos de juzgado, recursos dilatorios de las partes y diversos incumplimientos de sentencias, como la desclasificación del suelo como urbanizable o la anulación de la licencia de obras, cuestión que debe llevar a cabo el ayuntamiento carbonero.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tendía la mano al Gobierno español durante su mensaje de Navidad para encarar, «después de Doñana», «otro difícil reto» a lo largo del 2024, «como es la demolición del Algarrobico», exponiendo su intención de «tirar al suelo esa mole de hormigón para devolver ese espacio al conjunto de los ciudadanos y a la propia naturaleza».

[[H2:«Hechos», y no palabras]]

Sin embargo, los grupos ecologistas remarcan la «enorme distancia entre los deseos expresados por Moreno y la realidad judicial del momento». Según el abogado que paralizó su construcción hace 18 años, y que aúna las causas de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar contra el Algarrobico, José Ignacio Domínguez, «se agradecen las palabras del presidente de la Junta, pero lo que necesitamos son hechos». «Lo que puede hacer Juanma Moreno es llamar a su alcalde del PP en Carboneras y pedirle que sea rápido a la hora de terminar con lo único que obstaculiza el derribo, que es que se declare nula la licencia de obras», añadió.

El impulso político contra la infraestructura ilegal lo ha llevado a cabo el nuevo Gobierno autonómico de Andalucía, que «mandó un escrito al Ayuntamiento carbonero exigiendo que debe reconocer que el espacio es una zona protegida desde 1994, cuando se protegió el Parque Natural Cabo de Gata-Nijar». «Pero el Tribunal Supremo ya ha dicho que primero hay que anular la licencia, y luego pedir la demolición», explicó Domínguez, para, así, «garantizar el interés económico, social y jurídico de las partes implicadas».

Cinco años más

De esta forma, «este año es imposible que se produzca el derribo, porque primero habrá que dar estos nuevos pasos judiciales y luego esperar un derribo que también va a recurrir la promotora, Azata del Sol», indicó el letrado ecologista, que calcula «como mínimo cinco años más, hasta que haya una sentencia firme».

«Un monumento a la irregularidad urbanística y al destrozo ambiental». Así definió al Algarrobico el presidente andaluz desde Sierra Nevada, comprometiéndose a hacer «todo lo posible» para su demolición, anunciando «cooperar en la financiación» y pidiendo «la colaboración de todas las administraciones para derribarlo».

A preguntas de los periodistas, Moreno recordó, además, que «el PSOE votó a favor de que no se retirara la licencia», lo que «está impidiendo que se inicien los procedimientos». El Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el alcalde popular Felipe Cayuela, trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) esta misma semana que iniciará el expediente de revisión de oficio de la licencia municipal de obras «de la forma más inmediata posible en las próximas fechas», defendiendo que está llevando a cabo «las actuaciones pertinentes» para la «ejecución» de las sentencias firmes «en relación con el paraje protegido».

A través de un escrito que da respuesta al requerimiento judicial sobre el grado de cumplimiento a los pronunciamientos judiciales, el ayuntamiento presidido desde mayo por el Partido Popular «muestra» que está «desarrollando» acciones para ejecutar esas sentencias, y admite que es «absolutamente cierto» que debe «proceder», también, a la incoación del expediente de revisión de oficio, tras un pleno municipal fallido en noviembre en el que se paralizaba una corrección del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que facilitaría esa declaración de nulidad.

Sin embargo, el ayuntamiento también alega contra la demanda de ejecución forzosa de los colectivos Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, y defiende que esta se formuló sin que hubiese trascurrido el plazo de tres meses desde que se declaró la firmeza de la sentencia. Además, afirma que incluso se solicitó «con antelación» a que fuera recibida en el TSJA por parte del Tribunal Supremo.

El regidor carbonero ya informó el pasado mes de octubre que iniciaría esa revisión de oficio, aunque advertía también al Alto Tribunal que habría que enmendar previamente el acuerdo de la anterior corporación que calificaba el suelo como «no urbanizable de especial protección», en la línea de lo solicitado por la Junta de Andalucía y los colectivos ecologistas.

Escepticismo ecologista

Y este movimiento es el que enciende el escepticismo en la causa ecologista, con «un nuevo equipo de Gobierno que ha vuelto a contratar como abogado al que ya tenía el PSOE y un antiguo juez del Tribunal Superior de Justicia que, aunque ahora está en excedencia, ya firmó una sentencia que afirmaba que el Algarrobico era legal», señaló Juan Ignacio Domínguez en declaraciones a Onda Cero Andalucía.

Mientras la promotora Azata del Sol mantiene vivas las reclamaciones por responsabilidad patrimonial, Domínguez puntualizó también que «cualquier dilación o negación a cumplir las causas judiciales, tanto con los responsables de que eso se hiciera como con los actuales gestores políticos, es debida a que no quieren indemnizar a la promotora».

«El Ayuntamiento y la Junta no quieren arriesgarse y es indudable que, además de estos anuncios, se han hecho maniobras para desligarse de un posible resarcimiento económico a Azata, que mantienen vivas las reclamaciones por responsabilidad patrimonial, pese a que hasta ahora éstas han sido archivadas» , añadió.